Reconoce la Fiscalía del estado que mala actuación de funcionarios llevó a prisión a mujer inocente

El Fiscal General del Estado, Nicolás Bautista Ovando, reconoció que personal de la dependencia tuvo una mala actuación en el caso de María Esther, mujer que estuvo recluida en el Creset durante dos años y tres meses acusada injustamente de cometer el delito de extorsión agravada con arma de fuego en contra de una víctima inexistente.

Indicó que desistieron del caso cuando detectaron que había malos manejos en torno a la carpeta de investigación, además resaltó que procedieron contra dos servidores públicos y el abogado de la contraparte.

El funcionario estatal afirmó que fue la FGE la que solicitó el sobreseimiento en el delito de extorsión agravada en contra de esta mujer originaria de Tampico, Tamaulipas.

“Nosotros nos desistimos cuando advertimos que habían malos manejos, tenemos judicializados a los funcionarios que cometieron el ilícito y al abogado. Ella quedó en libertad porque nosotros, fiscalia, fue quien solicitó el sobreseimiento de la causa, no fue sus abogados, no fue otra instancia sino fiscalía.

“Nosotros, o sea, estamos actuando con honestidad y legalidad. Si advertimos que la situación de ella jurídica no era la conducente nosotros le otorgamos el beneficio del sobreseimiento que al final fue el que quedó en libertad.

“Enfrenta otro (proceso), pero bueno, esa es otra cuestión, está sujeta a proceso y no lo resuelve fiscalia, ahí yo creo que la situación la tendrá que resolver ella y sus abogados”, dijo.

Señaló que la FGE actúa de buena fe y, en consecuencia, además que “cree en la buena fe de los litigantes y de quienes llegan a denunciar”, pues sostuvo que no pueden estar revisando a todos las credenciales de elector y su procedencia a la dependencia.

Bautista Ovando descartó que vaya intervenir en la carpeta de investigación por el delito de retención indebida que obliga a María Esther a permanecer en Tabasco y firmar cada 15 días en juzgados de la entidad.

Además, el fiscal rechazó que el organismo de procuración de justicia actúe de forma corrupta como acusó la empresaria en la entrevista con Telereportaje.

“Lo va a resolver el juzgado, tienen que valorar las pruebas, ahí ya no… -¿usted ya no puede intervenir?-, no, no porque ahí sí, hasta ese momento, hay una presunción de que las bombas que buscaban la otra empresa que denuncia sí las tenía ahí, hay una interpelación notarial, o sea, hay más datos de prueba, no puedo tampoco salirme de lo recto de la justicia.

“-Ella hace una descripción de cómo estaría operando de manera corrupta la fiscalía-, pues yo creo que está mal la apreciación, si ella lo dice así yo lo respeto. Yo lo único que digo es que nos sometemos a cualquier revisión y que ella está libre por instancia de fiscalía, no por otra instancia, nosotros provocamos el sobreisimiento cuando advertimos que la situación iba mal y los funcionarios que actuaron mal están sujetos a un proceso junto con el abogado”, señaló.

Por otro lado, el titular de la FGE se dijo abierto a otorgarle una audiencia a María Esther, pues sostuvo que está al pendiente de este caso.

“Si yo se la he dado a su esposo, se la he dado al abogado, yo he estado en constante comunicación, ella no me ha buscado pero en cuanto me busque yo con gusto la atiendo -¿Cuántos casos se tienen de este tipo de anomalías?-, bueno, yo el que tengo nada más es ese.

“Si hay otros y los funcionarios de fiscalía están inmiscuidos tendrán su responsabilidad correspondiente, a nosotros no nos tiembla la mano para actuar en contra de quien esté torciendo la ley”, agregó.

Esta mujer narró al Periódico del Aire una serie de irregularidades durante su proceso; entre ellas, que el fiscal nunca aceptó hacer una geolocalización de su teléfono celular, con lo cual se pudiera comprobar su ubicación en las fechas que se le señalaba.

Además, señaló que el fiscal y el abogado de la víctima le solicitaron en contubernio 25 millones de pesos por su libertad y en la carpeta de retención indebida el apoderado legal de la empresa le requirió otros 32 millones de pesos.