Mueren dos maestros que esperaban 'acuerdo presidencial' para atender su enfermedad

La Sección 29 del SNTE denunció que dos maestros han perdido la vida, luego que la Secretaría de Educación se negó expedir el permiso especial para recibir su tratamiento y los obligó a permanecer en su centro de trabajo.

En entrevista, María Elena Alcudia Gil, secretaria general de la Sección 29, refirió que dichos docentes esperaban que en un segundo intento, la Secretaría de Educación validara la constancia médica que les expidió el ISSSTE para acceder al beneficio del llamado “acuerdo presidencial”, que consiste en un permiso de suspensión de actividades de dos periodos de seis meses cada uno con goce de sueldo, que permite al trabajador atender sus problemas de salud.

“Estamos solicitando la intervención de las autoridades competentes para que podamos encontrar el camino de solución para la demanda de más de 100 compañeros que presentan un problema de salud, que les impide realizar sus labores que están solicitando el tramite del acuerdo presidencial; el día de ayer recibí un documento de respuesta y me llama mucho la atención porque quien nos niega el beneficio del acuerdo presidencial no es un experto en salud”, denunció.

Alcudia Gil precisó que dentro de los principales padecimientos de los 108 docentes que están a la espera que les autoricen el “acuerdo presidencial”, son cáncer, nefropatías, diálisis, hemodiálisis, pie diabético y cardiopatías.

“Hemos encontrado una negativa por parte de la autoridad educativa, porque el argumento es que no cuentan con los recursos para sustituir al trabajador, pero esa no es la parte que a nosotros nos ocupa, a nosotros nos ocupa que nuestro compañero trabajador que se está viendo afectado de esta manera, pues tenga una protección laboral”, apuntó.

Finalmente, la líder sindical anunció que iniciarán un proceso legal en contra de la Secretaría de Educación por obligar a los maestros a continuar trabajando pese a la incapacidad médica con la que cuentan, además que interpondrán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por el mismo caso.