Exhibe Infonavit red de corrupción de juicios que afectó a 373 mil derechohabientes

Afectó a 373 mil derechohabientes

Exhibe Infonavit red de corrupción de juicios que afectó a 373 mil derechohabientes

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) exhibió una red de corrupción que resultó en juicios masivos afectando a 373 mil derechohabientes.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del Infonavit, Octavio Romero, explicó que en 2012 se implementó una estrategia de procesos a través de despachos que cometieron diversas irregularidades.

Detalló que, debido a esta situación, en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración del INFONAVIT desistirse de todos los juicios masivos y detener el desalojo de las familias.

"De 373 mil derechohabientes que fueron afectados en estos juicios masivos, el 80 por ciento, 302 mil de 373 fueron demandados en otros estados, sólo 71 mil fueron demandados en su propia entidad, y en todos los casos las siguientes irregularidades...", expuso.

Derivado de estos procedimientos ilegales, 249 mil personas perdieron su vivienda, y de estas, 207 mil casas que se supone debieron pasar a manos del Infonavit no se pueden escriturar porque los juicios son irregulares, por lo que no pueden ser escrituradas por su antiguo dueño, ni por el Instituto.

Mientras que las 42 mil viviendas restantes, fueron vendidas en subastas por el Instituto.

"Cuánto se les pagó a estos despachos por lo que hicieron, hicieron un trabajo mal hecho, corrupción, irregularidades, pero, sin embargo, se les pagó, dentro del infonavit a lo largo de los años, el equivalente de 29 mil 263 millones de pesos...", indicó.

Romero Oropeza destacó que se está llevando a cabo el proceso de cancelación de los contratos de los despachos involucrados en juicios masivos.

Finalmente, resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum, instruyó a resarcir el daño a los derechohabientes y continuar con las denuncias penales a quienes resulten responsables de despachos, notarios y funcionarios de los poderes judiciales locales.

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