Considera ex rector de la UNAM Francisco Barnés, error de consecuencias incalculables aprobar Reforma Eléctrica del Presidente

El exrector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, señaló que la aprobación la Reforma Energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sería un grave error de consecuencias incalculables.

Durante la realización del foro 5 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, el también ingeniero químico expuso los motivos por los que el proyecto presentado por el tabasqueño no debería palomearse.

“Primero, la respuesta es mucho más restrictiva para la participación del sector privado que la existente antes de la reforma anterior; sin que haya ningún estudio serio que demuestre que la inversión privada en este sector daña la economía nacional o perjudica a los usuarios y hay muchos estudios que demuestran lo contrario. Segundo, cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministros diferentes a la CFE, lo que necesariamente va en detrimento de la competitividad de la industria nacional. Por otra parte, México como la gran mayoría de los países del mundo, ya decidió en su legislación anterior que es absurdo utilizar recursos públicos, que son de todos los mexicanos, para suministrar energía a quienes se pueden valer por sí mismos, resulta más absurdo todavía imponer un modelo de suministro único, sufragado con recursos públicos a quienes requieren de energía más barata, más confiable o más limpia que la que le puede proporcionar la Comisión Federal de Electricidad”, señaló.

El académico detalló que la iniciativa plantea cancelar más de 800 centrales eléctricas privadas, que representan una inversión estimada en más de 60 mil millones de dólares, lo que representará cancelar el derecho de los usuarios de contratar otras fuentes de suministro y con ello se violarán acuerdos internacionales.

Además, advirtió que se cancelarán permisos de generación y los contratos celebrados con el sector privado, con lo que se afectará a cientos de inversionistas, nacionales y extranjeros.

Otro de los puntos expuestos por el exrector es que, sin previa resolución judicial, se cancelan los derechos de los socios de más de 300 centrales con permiso de abastecimiento que la CFE considera que son ilegítimos, algo que no ha podido demostrar en tribunales.

“Eleva a rango constitucional un injustificado y arbitrario límite a la participación del sector privado en generación, y no queda claro si el límite constitucional aplica al despacho que es horario, al mercado eléctrico que es diario, o a la planeación del sector que es anual, o de casualidad, aplica para todos, hora, día y año. ¿Qué haremos cuando por cualquier razón la CFE no pueda cumplir con el límite establecido en la Constitución por no tener la capacidad disponible? Y eso nos ha ocurrido muchas veces en el pasado y nos va a volver a ocurrir en el futuro. ¿Violaremos la Constitución o tendremos apagones generalizados? Ninguna de las dos opciones es aceptable”, agregó.

Barnés de Castro también expuso que, al modificar las reglas de despacho económico para privilegiar el despacho de las centrales de la CFE, se afecta a los inversionistas y usuarios, pues éstas son centrales más viejas, ineficientes y contaminantes. 

Por último, el también consultor en materia energética añadió que no sería posible cumplir con las obligaciones legales y los compromisos internacionales que se han asumido respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; además de que la CFE tendría autonomía para autorregularse y regular a los demás, restringiendo la participación del sector privado y propiciando que las empresas perjudicadas puedan acudir al arbitraje internacional, dañando la reputación del país entre los inversionistas del mundo.