Urgen catálogo de conductas y sanciones sobre violencia política en razón de género

Al señalar que actualmente se deja a criterio de los organismos jurisdiccionales la interpretación de las leyes para determinar si hay o no violencia política contra la mujer en razón de género, el Observatorio Ciudadano ‘Del Dicho al Hecho’, urgió la creación de un catálogo de causales y sanciones en la materia.

Lo anterior durante la presentación del Informe Final del Observatorio Ciudadano "Del dicho al Hecho: Observación Electoral Jurisdiccional en Materia de Violencia Política Contra la Mujer en Razón de Género en el Proceso Electoral 2020-2021", que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ninfa Elizabeth Hernández Trejo, catedrática de la UNAM y presidente del observatorio, indicó que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece diversos tipos de violencia como la psicológica, física, patrimonial, sexual, que dejan ver que la violencia política contra las mujeres en razón de género se puede hacer presente en cualquiera de estos tipos.

No obstante, señaló que actualmente se ha dejado a criterio de los juzgadores la posibilidad de decidir si una conducta incurre o no en el tipo de violencia política en razón de género.

“Es necesario establecer un catálogo de las conductas que justamente implicarían violencia política y esto que sea precisamente a partir de las sentencias ya definitivas para ya tener por lo menos criterios sobre los cuales se pueden también engrosar el marco jurídico, para que se pueda tener precisamente certeza de lo que se está juzgando en su momento”.

“En cuanto a las sanciones en materia de violencia política, pasa lo mismo un poco con las conductas y se está proponiendo también que se haga un catálogo de sanciones ya también con sentencias definitivas, estas sanciones son atribuibles en una primera instancia al INE y a los OPLEs, sin embargo, estamos viendo que la limitación de los derechos políticos no es necesariamente la sanción más efectiva”, refirió.

Además –comentó-, la limitación o cancelación de los derechos políticos son las sanciones más recurrentes que se emiten desde el INE o en los Institutos Electorales locales, aunque dijo, no es necesariamente la sanción más efectiva.

“En la Ley General en Materia de Delitos Electorales se establecen sanciones sobre las conductas identificadas en el marco de este tipo de violencias, señalando que un determinado número de años de prisión y de multa son atribuibles precisamente a la sanción, sin embargo, en realidad lo sabemos, no hay dinero a veces que pueda revertir el daño que sufre una mujer que busca incidir en la política y que por ello resulta violentada”, fustigó.