Presentan nueva queja contra diputados, por presunto discurso de odio a comunidad LGBT

Afirmó que los parlamentarios opinan con irresponsabilidad jurídica y política en el tema que se debate

Presentan nueva queja contra diputados, por presunto discurso de odio a comunidad LGBT

Por segunda ocasión en menos de 10 días, diputados locales de Tabasco volvieron a ser denunciados ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), al considerar que incitan al discurso de odio en contra de quienes promueven y defienden la diversidad sexual.

Emilio Vázquez, secretario de Vinculación y Participación Ciudadana de Movimiento Ciudadano, señaló a los legisladores de Morena, David Gómez Cerino y Jorge Bracamonte Hernández; y del PRD, Juan Álvarez Carrillo y José Pablo Flores, de hacer comentarios públicos discriminatorios en contra de la comunidad LGBT.

En su carácter de ciudadano, Vázquez Rosario afirmó que los parlamentarios opinan con irresponsabilidad jurídica y política, en el tema que se debate sobre castigar a quienes promuevan las terapias de conversión.

Indicó que “ellos son representantes de los tabasqueños y sus creencias personales se respetan, pero no pueden hacer uso de su cargo para desinformar y organizar a grupos PROVIDA que agreden las libertades y derechos de otros”.

Expuso que “la iniciativa para tipificar las ECOSIG es un acto de justicia”.

La iniciativa plantea castigar con hasta 10 años de cárcel a quienes obliguen a menores a tomar las denominadas “terapias de conversión”, o de cualquier tipo, para buscar corregir su orientación sexual e identidad de género.

La propuesta planteada por MC propone adicionar diversas disposiciones en el Código Penal del Estado, y aplicar una sanción de dos a cinco años de prisión, y hasta 300 días multa, al que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia, o cualquier tipo de servicio, que pretenda cambiar la orientación sexual y/o identidad de género de una persona.

Incluso, plantea que la pena se incremente al doble cuando sean el padre, madre o tutor, quienes sometan a los menores de edad a estas prácticas.

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