Pide Soraya Pérez a la Corte resolver acciones de inconstitucionalidad contra Ley ISSET

La diputada federal del PRI, Soraya Pérez Munguía, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pronunciarse de manera inmediata respecto a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (Ley ISSET), que en 2016 promovieron las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM del Congreso local, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), porque la demora afecta los derechos humanos de seguridad social de los trabajadores. 

A través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados federal, expuso que la Ley que se expidió en 2015, estableció que todo asegurado tendría la obligación de contribuir con el 16% de su sueldo base mensual al ISSET, en vez de 8% como estaba establecido en la legislación derogada, mientras que los entes públicos aportarían 26% sobre el sueldo base mensual del empleado y el sobresueldo por riesgo de trabajo, en vez de 13 por ciento. 

Agregó que este cambio a la ley generó inconformidad con la población asegurada, por lo que, de manera individual o colectiva, a través de sindicatos optó por presentar diversos amparos, sin embargo, dichos recursos fueron frenados por la Corte hasta que se resolvieran las demandas de acción de inconstitucionalidad con números de expediente 08/2016 y 09/2016.

Por otro lado, Pérez Munguía refirió que a pesar de que esta ley se encuentra bajo controversia, el 19 de marzo de 2020, el Congreso de Tabasco aprobó diversas reformas a la Ley del ISSET, que, si bien la gran mayoría de los cambios avalados fueron positivos, "solo aprobaron reformas de forma, más no de fondo".

Apuntó que este retraso en la resolución de la Corte sobre las demandas de acción de inconstitucionalidad, han llevado a postergar sin razón o fundamento el derecho de la jubilación de miles de tabasqueño, pues, pese a que la seguridad social es un derecho de orden público, el ISSET se niega a brindar la protección y derecho a la seguridad social de la jubilación, bajo el argumento de que los trabajadores "no tienen derecho adquirido para la jubilación, lo que implica la violación a los preceptos y jurisprudencias citadas".