Incluir gastos de embarazo y parto como parte de derechos alimentarios, propone PRI

La bancada del PRI, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niños y Adolescentes del Estado, para incluir como parte de los derechos alimentarios los gastos del embarazo y parto, así como la rehabilitación y desarrollo de los menores con algún tipo de discapacidad.

La propuesta a la que el diputado Fabián Granier dio lectura, plantea además la creación del padrón estatal de deudores alimentarios y que el Sistema DIF estatal sea la instancia responsable de administrar la información sobre el incumplimiento de estas obligaciones alimentarias, entre otras acciones.

"Tres de cada cuatro hijos de padres separados no recibe una pensión alimenticia, esta iniciativa con las reformas al marco legal estatal busca primero que los derechos alimentarios incluyen los gastos del embarazo y parto y la habilitación o rehabilitación y desarrollo de los menores con algún tipo de discapacidad, segundo que el Sistema DIF estatal sea la instancia responsable de administrar la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias a fin de coadyuvar con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y que el Poder Judicial actualice mensualmente la información que se genere sobre el incumplimiento de estas obligaciones. Tabasco no puede quedarse rezagado en la creación del padrón de Deudores Alimentarios, además de ser ya un mandato nacional, también es una demanda muy sentida para muchas tabasqueñas y sus hijos, la exigencia es clara que, ningún generador de violencia llega al poder público", expresó.

La iniciativa, enlista los trámites y procedimientos donde será necesario contar con un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarios, entre otros para participar como candidatos a cargos de elección popular.

Asimismo, será necesario para la obtención de licencia de conducir, para ser aspirante a juez y magistrado del Poder Judicial Estatal, para ser proveedor del gobierno estatal y municipal, para trámites notariales relativos a la compraventa de bienes inmuebles y para las solicitudes de matrimonio.