Enfrenta Gobierno de Tabasco más de 22 mil laudos: Asuntos Jurídicos

El actual Gobierno de Tabasco enfrenta más de 22 mil laudos por un valor inicial de 300 millones de pesos, ventiló la coordinadora de Asuntos Jurídicos, Karla Cantoral.

En Telereportaje, la funcionaria estatal informó además que tienen más de 2 mil asuntos en litigio, por lo que la capacidad de la Coordinación de Asuntos Jurídicos se encuentra rebasada.

“La realidad es que tenemos más de 2 mil asuntos en litigio, y no es de rezago, sino el día con día, por demandas al Gobierno o al gobernador. Estamos preparando el cálculo para el pago de laudos, porque tenemos más de 22 mil laudos activos que son alrededor de 300 millones de pesos. Sí es una cantidad importante. - ¿No están rebasados? – Pues sí, pero estamos tratando de dar lo mejor”.

Asimismo, reportó que han recibido 21 amparos promovidos por padres de menores que buscan vacunarse contra la COVID-19, los cuales todavía están pendientes de sentencia, pero que se prevé que les toque la primera dosis antes de que reciban autorización judicial.

“Nosotros hemos recibido 21 amparos promovidos por menores entre 12 y 17 años. El de menor edad es de 9 años. Estos amparos están en proceso, y los jueces mandaron a pedir que se justifique ante Secretaría de Salud, cuál es la situación de enfermedad que presentan, o su comorbilidad, para poderlos vacunar”.

Por otra parte, Karla Cantoral habló sobre el dictamen que el año pasado modificó el Artículo 58 del Código Civil Federal    en el que se establece que los padres de familia podrán, de común acuerdo, establecer el orden de prelación con el que se asentarán los apellidos de sus hijos en el Registro Civil, señalando que en Tabasco, no es una disposición legal debido a que no se ha modificado la Ley desde el Congreso local, pues no ha sido un tema de mayor relevancia, pero sostuvo que sí hay posibilidad de realizar la modificación del nombre, a través de un Juicio de Amparo.

“Como en nuestro estado no se encuentra esta legislación, no es posible jurídicamente, y se promueve un juicio de amparo donde piden que se les reconozca esta posibilidad. Aquí hay una salvedad, porque si tienen más hijos, tienen que registrar los apellidos de sus posteriores hijos, en el orden en el que registraron al primero”.

En el caso de matrimonios igualitarios, aunque insistió en que un amparo podría dar viabilidad a este proceso legal, también consideró se tiene que estudiar la viabilidad de este tipo de leyes en el Congreso.

“En el caso de los matrimonios igualitarios, igual tienen que acudir al Juicio de Amparo. - ¿Y sí lo logran? – Sí, se les concede el amparo. - ¿Cuánto lleva un proceso? – Aproximadamente 6 meses. En el año yo conocí tres casos”.

La coordinadora de Asuntos Jurídicos explicó que la acción de inconstitucionalidad contra la Ley del ISSET sigue en manos de la Suprema Corte y no prevé una resolución en el corto plazo, pero ventiló que sí hay una intención de promover una ley alterna a la que ahora se analiza en el Poder Judicial.

“No tenemos para cuándo una resolución. Todo eso está en manos de la Corte y no los podemos determinar. – El doctor Mayans había hablado de la posibilidad de una nueva iniciativa que dejaría sin efecto lo que se está discutiendo en la Corte. – Ahí hay que verse si hay condiciones, porque no solo es lo jurídico, sino también lo presupuestal, para poderla poner en operación”.

Respecto a la situación jurídica de la Finca Las Lilas, Karla Cantoral actualizó que no han podido recuperar el predio que se encuentra en manos de la empresa Bananera del Sureste SP de RL, que obtuvo una concesión por 20 años con una renta de 29 mil pesos por este predio que cuenta con 99 hectáreas de superficie.

“Actualmente el expediente está en el proceso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, donde los magistrados determinarán si se conviene o se revoca. – Entonces no han pagado los 8 millones de pesos que le señalaron. - No, todavía. Una vez que el Tribunal emita la resolución de esta segunda instancia, si alguna de las dos partes considera que necesitan promover algún otro recurso, se puede acudir al Juicio de Amparo, y es otro procedimiento a iniciar. Yo creo que en unos seis meses pudiera estar”.

Finalmente, la encargada de los Asuntos Jurídicos adelantó que el gobernador y la Secretaría de Gobierno estatal están trabajando en una nueva iniciativa en la que se busca promover sanciones a aquellos que compartan contenido sexual o cualquier información que pueda dañar la integridad de un tercero a través de las redes sociales. 

“Incorporar y preparar un proyecto para la agenda legislativa, junto con el secretario de Gobierno, a efectos de tutelar este tipo de derechos, que además de proteger a mujeres, también se tomen en cuenta los derechos de niñas y niñas, porque en adolescentes se ha visto la transmisión de contenido sexual. Debe ser un tema prioritario”.