Congreso elegirá a mejores perfiles para FGE, el TSJ y el TCA: Bracamonte

Tras reiterar que es un tema prioritario, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jorge Bracamonte Hernández señaló que en la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), la magistratura vacante del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) y la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) elegirán a los mejores perfiles.

Este jueves, en las comisiones legislativas se dio entrada las ternas enviadas por el gobernador Javier May Rodríguez y se aprobó un acuerdo para que el sábado 5 de octubre se lleve a cabo el protocolo donde desahogarán las comparecencias de las personas propuestas.

"Sin duda el tema de las ternas es lo que tiene prioridad para nosotros, recordemos que son vacantes que tienen que ver con la seguridad para el estado y es un tema que es prioritario para el gobernador y es prioritario para esta LXV Legislatura, queremos que lo más pronto posible la magistratura vacante que hay en el TSJ y el tema de la Fiscalía, tener al titular es importantísimo, dentro del proyecto que el gobernador tiene para combatir la inseguridad y devolverle la paz a los tabasqueños (...) nosotros vamos a revisar los perfiles y será el pleno quien los designe", expresó.  

Bracamonte Hernández, precisó que corresponde al pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia elegir a su nuevo presidente, tras la renuncia de Enrique Priego Oropeza.

Adelantó que la próxima semana bajará al Pleno el dictamen con las propuestas de las personas que ocuparán la titularidad de la Fiscalía del Estado; una magistratura del Tribunal Superior y la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

En comisión dan entrada a paquete de iniciativas de May

Por otra parte la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales también dio entrada al paquete de seis iniciativas enviadas por el mandatario estatal, entre ellos la elección de delegados municipales, la revocación de mandato, elevar a rango constitucional dos nuevos programas sociales y las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Austeridad.