Clausura a gravera en Macuspana fue legal; no hay extorsión, pero sí multa millonaria asegura Bienestar

La clausura de la gravera en Macuspana fue legal y las inspecciones son parte de un programa permanente con el que se detectó que la empresa estaba operando fuera del polígono autorizado, aseveró el subsecretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Gary Arjona Rodríguez.

Lo anterior tras la denuncia de presunta extorsión por parte de funcionarios de esta dependencia, que hiciera el representante legal de la empresa familiar Construcciones y Agregados Soprogal S.A. de C.V., Alfredo Álvarez Priego.

"Esta situación se da a través de un programa de vigilancia e inspección que tiene instaurado la Secretaría Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, el objetivo es garantizar que toda empresa que esté realizando una actividad que tenga un impacto hacia el medio ambiente este regularizada, este actuando dentro del marco que establece precisamente las leyes y los reglamentos en la entidad y en ese sentido esta empresa fue visitada por los inspectores y se encontraron un largo listado de irregularidades, por ejemplo, se estaba extrayendo material pétreo fuera del polígono que en su momento fue evaluado y autorizado, que esa es una falta muy grave, es prácticamente como si no tuvieran autorización porque están realizando la actividad fuera del polígono evaluado y autorizado", explicó.

Asimismo, señaló que, otras de las irregularidades detectadas es que, la empresa subarrendaba sin autorización el permiso que se les concedió para la explotación del banco pétreo, lo que constituye una falta grave.

"No han hecho el correspondiente pago de volumen a Finanzas y lo aclaro, los pagos no son a la Secretaría, son directamente a Finanzas, por cada metro cúbico que se extrae de grava o de arena y está estableciendo en la ley, el pago de un derecho por el aprovechamiento ese ese volumen, tampoco se han hecho cargo del pago, también sumamente grave la empresa tiene subarrendadas sin autorización a dos o tres empresas más y eso también violenta el marco jurídico, porque lo que sí contempla el marco jurídico es previa autorización de la Secretaría o sea, tienen que solicitarlo a la Secretaría y la Secretaría darle un sentido positivo a esa solicitud, es la transferencia de la autorización y tendrá que ser a una sola empresa, ese procedimiento ellos no lo realizaron", expresó.

Además dijo que la clausura del banco pétreo, fue inicialmente como una medida cautelar para evitar un daño mayor y dar tiempo para solventar las irregularidades detectadas, sin embargo, no cumplieron y se procedió a la clausura definitiva.

"Cuando se estableció la clausura fue como una media cautelar, fue para evitar que la actividad que estaban realizando en una zona que no estaba autorizada por nosotros, porque se salieron del polígono, se siguiera reiterando, en el caso de nosotros ya se emitió la resolución, se les notificó a ellos el 13 de abril pasado, se reiteró la clausura, ellos no dieron cumplimiento a una sola de las medidas a lo largo del procedimiento, no se encargaron el del pago de volumen del material extraído, ni la regularización documental que se requería, no hicieron lo propio con el tema del subarrendo que están haciendo de la autorización", reveló.

Finalmente, rechazó que hubiera existido algún tipo de extorsión, pues los pagos requeridos a la empresa debían hacerse ante la Secretaría de Finanzas, aunque sí se estableció una multa millonaria por las infracciones reiteradas, además de que se ha iniciado la cancelación definitiva de su permiso.

"Todo eso llevó a la autoridad a determinar que se le reiteraba la clausura, que se le establecía una multa, obviamente con base en todas las agravantes, pues una multa está en función de los máximos que establece la Ley de Protección, llego al máximo que establece la Ley de Protección Ambiental, son de alrededor de cinco millones por 200 mil pesos más o menos, ese es el rango máximo que actualmente marca la ley, porque es con base a las UMAS y se les notificó del inicio de la nulidad de su autorización, porque al estar dando mal uso de dicha autorización, al no haber cumplido los términos y condicionantes estableciéndole todas las medidas correctivas y haber hecho caso omiso de toda ella, pues entonces la autoridad ambiental tiene esa facultad que la propia ley les establece y ya se les notificó, están en marcha la nulidad de su autorización", refirió finalmente.