Casi dos mil funcionarios tabasqueños han sido sancionados en los últimos cinco años

Para el año 2016 solo se contabilizaron 32 funcionarios inscritos en el listado de burócratas sancionados por violar la ley, y para el año 2017, la cifra creció a 36 casos.

Sin embargo, fue en el 2018 cuando se registró el mayor número de funcionarios inscritos en este padrón, con un total de mil 044 servidores públicos sancionados.

Para el año 2019 se contabilizaron 636 funcionarios sancionados; en el año 2020 la cifra bajó a 565 casos, mientras que para el 2021 creció de nuevo a 605 casos.

Entre las dependencias públicas, organismos desconcentrados y autónomos que concentran el mayor número de funcionarios inscritos en el padrón de servidores públicos sancionados, se encuentran el ISSET con 228 casos, la Fiscalía General del Estado con 189, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 181, el Ayuntamiento de Cunduacán con 152, el Ayuntamiento de Tacotalpa con 134.

Le siguen el Tribunal Superior de Justicia, con 104; la Administración Portuaria Integral de Tabasco, con 98; el Ayuntamiento de Centro, con 81; la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con 74; y el Ayuntamiento de Cárdenas, con 57.

En el listado también aparecen la Central de Maquinaria de Tabasco; los Ayuntamientos de Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, Teapa, Tenosique; la Secretaría de la Función Pública; el YUMKÁ; el Ifortab; la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Salud; el Cobatab; el Congreso; el OSFE; la CEDH; la UJAT; entre otros, con menos de 50 funcionarios sancionados en cada organismo público.

Cabe señalar que la mayoría de los organismos no reportan el tipo de infracción, e incluso, en algunos casos, mantienen ocultos los nombres y el tipo de sanción; sin embargo, en la lista de los funcionarios públicos sancionados se observan desde intendentes, directores de área, residentes de obra, titulares de unidades de transparencia, policías, secretarios de Ayuntamiento, hasta regidores y síndicos de Hacienda.

Las sanciones van desde amonestaciones públicas y privadas, hasta la suspensión de sueldos y funciones, o la destitución e inhabilitación por más de 10 años.

Tal es el caso del director de Fideicomiso del Fondo Empresarial Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, César Antonio Soto Figueroa quien, el 29 de junio de 2021 fue inhabilitado por 10 años, por irregularidades en los expedientes de apoyo a programas, gastos ejercidos sin autorización y sin comprobación de recursos, causando daños y perjuicios a la Hacienda Pública estatal.