Asentamientos irregulares se pueden frenar, pero se necesita voluntad política: urbanista

Expuso que según cifras de la Sedatu, serían alrededor de 300 mil habitantes del Estado que viven en condiciones irregulares

Asentamientos irregulares se pueden frenar, pero se necesita voluntad política: urbanista

Los asentamientos irregulares son un vicio tolerado que se puede frenar, aunque para ello debe ser un asunto prioritario para las autoridades, afirmó el urbanista Jorge Eduardo Jesús Herrera.

El especialista en temas de Ingeniería Civil afirmó que la negligencia de las autoridades ha propiciado la irregularidad, pues se ha dejado de lado, sin solución y atención a personas de escasos recursos, quienes en un elevado porcentaje no puede acceder a una vivienda digna.

Señaló que el asunto se soluciona, más allá de recursos, siendo de prioridad para las autoridades, al ejemplificar que se destinaron más de 500 millones de pesos a la construcción del Distribuidor Vial de Universidad cuando este no vino a solucionar la vialidad en Villahermosa.

Expuso que tomando las cifras oficiales de asentamientos irregularidades expuestas por la Sedatu, serían alrededor de 300 mil habitantes del Estado quienes viven en condiciones irregulares, o sea, una octava parte de la población de la entidad.

 

“Si hubiera una política de suelo adecuada y con toda la legislación adecuación se podría frenar si hay también recursos por qué ¿qué caso tiene tener una política de papel si no tiene un mecanismo para aplicarla? Lo que yo observo es una enorme negligencia de las autoridades, sobre todo, locales. No da soluciones a personas de escasos recursos más allá de lo que la federación da.

 

“En materia de vivienda el municipio hace nada y el Estado hace muy poco, aunque tenga un Instituto de Vivienda, entonces, si no tenemos políticas adecuadas y si no tenemos los mecanismos y los recursos para llevarla a cabo no vamos a frenar eso nunca”, aseveró.

 

Jesús Herrera detalló que solo en Villahermosa, el campo Carrizal está invadido y cuando Pemex trató de volver a hacer esos pozos productos no se pudo porque habían personas viviendo.

El urbanista lamentó que desde hace tiempo se dejaron de hacer lotes y viviendas. Sin embargo, puntualizó que “antes de hacer vivienda tenemos que tener suelo y si no tenemos la política adecuada de suelo no se tiene solución de asentamientos irregulares”.

 

 

“La gente se mete a predios federales y hay ausencia de autoridad porque uno puede ir fácilmente a un Ayuntamiento y la respuesta automática es que ‘es una zona federal’, o sea, es como diciendo ‘eso pertenece al planeta Marte’, y yo les he dicho que todo suelo tiene un propietario, sino es de la nación tiene un propietario.

 

“Aquí el problema es que se deja de construir y por ley los Ayuntamientos son los que dan los permisos y si hay personas que se asientan lo están haciendo con la anuencia del municipio, con autorización expresa o por omisión del Ayuntamiento”, dijo.

 

Agregó que son múltiples las omisiones de los Ayuntamientos, entre ellas, la supervisión en la edificación de fraccionamientos.

 

“La realidad en Tabasco es que hay asentamientos, digamos fraccionamientos, no pocos, que obtuvieron todos los permisos para hacerse y que en algún momento del desarrollo se atoró la regularidad, muchas veces porque hay negligencia de los Ayuntamientos para la supervisión, se deja al fraccionador prácticamente hacer lo que quiere”, señaló.

 

Agregó que a esta situación hay asentamientos que se ponen abiertamente a la venta y la mayoría de estos no cuentan con servicios. Sin embargo, no hay autoridades vigilando esta situación.

Apuntó que en ocasiones la propia autoridad es negligente.

 

 

“La autoridad local o municipal cuando tiene una idea de algo no se detiene una prohibición o recomendación de un programa, en el Distrito 12 de Villahermosa en el programa marcaba hasta donde llegaban los límites y su colindancia con Cunduacán, estaba prohibida toda urbanización, pues durante el sexenio de Arturo Núñez compró un terreno ahí para hacer una ciudad administrativa, o sea, no le importó que su propio gobierno hubiese trabajado con el municipio de Centro un programa en donde eso estaba prohibido”, agregó.

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