Abogados de detenidos deberán solicitar retroactividad de la “Ley Garrote”, tras fallo de la SCJN: TSJ

Abogados de detenidos deberán solicitar retroactividad de la “Ley Garrote”, tras fallo de la SCJN: TSJ
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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Enrique Priego Oropeza, precisó que serán los abogados de las personas detenidas por bloquear vialidades o accesos a obras públicas o privadas quienes soliciten que sus clientes sean beneficiados con la aplicación retroactiva de la reforma al Código Penal del Estado, denominada como la “Ley Garrote”. 

Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad que la invalidez decretada a los artículos del Código Penal surta efectos retroactivos a partir del 1 de agosto de 2019, fecha en que entró en vigor el Decreto, y una vez que sean notificados los puntos resolutivos de la sentencia el Congreso local, el titular del Poder Ejecutivo entre otras autoridades estatales y federales.

No obstante, Priego Oropeza, remarcó que esta resolución no ha causado efectos, porque el Congreso local tiene que modificar nuevamente el Código Penal y el titular del Poder Ejecutivo ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.    

“La reforma todavía no ha entrado en vigor, esto ocurrirá una vez que sea publicado (en el Periódico Oficial del Estado), pero si serán beneficiados, todo aquel que esté detenido por este delito va a solicitar la aplicación retroactiva de la ley, -¿Tienen personas procesadas por el bloqueo de vías?-, Hay unos asuntos en Huimanguillo, Nacajuca y Cárdenas, allá los litigantes tienen que promoverlos, nosotros resolveremos en atención a la promoción, pero sí se beneficia, toda ley que beneficia a alguien se puede aplicar retroactivamente a favor, nunca en contra”, expuso. 

El 1 de marzo pasado, la SCJN invalidó algunos artículos del Código Penal que imponían sanciones más severas a quien impidiera o tratara de impedir por cualquier medio la ejecución de obras privadas y públicas, así como a quien obstruyera el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de dichos trabajos, ello porque daba lugar a la criminalización de ciertas protestas legítimas, según advirtió el ministro presidente, Arturo Zaldívar. 



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