SCJN investiga a Zaldívar por presunto tráfico de influencias

Tras una denuncia anónima recibida el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), iniciar una investigación contra el ministro en retiro, Arturo Zaldívar y varios de sus excolaboradores.

De acuerdo al argumento de la carpeta de investigación J/108/2024, esta se inició por presuntamente haber atentado contra la independencia del Poder Judicial de la Federación (PFJ), cuando Zaldívar fue presidente, además, de que algunos de sus excolaboradores están señalados de violencia sexual, falta de profesionalismo, enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de funciones y desvío de recursos.

En el caso del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, es acusado de haberse confabulado con el exconsejero Jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer Ibarra, a quien presuntamente le ventilaba todos los asuntos del Poder Judicial de la Federación a favor de los intereses del Gobierno de México o de empresarios.

Además, de haber presionado a jueces y magistrados para lograr su cometido a cambio de beneficios políticos, económicos o laborares, bajo amenaza de que si no resolvían conforme a la "línea dictada", sería cambiados de adscripción o sujetos a algún procedimiento de responsabilidad administrativa.

No obstante, por tratarse de un ministro en retiro, el CJF refirió que es competencia de la Corte determinar el inicio de la investigación contra Zaldívar, por lo que Piña Hernández ordenó que la denuncia sea enviada al Máximo Tribunal, quien le dará el trámite correspondiente.

Entre los excolaboradores que fueron denunciados, está Carlos Alpízar, exsecretario General de la Presidencia del CJF, por presunto enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones "a modo", así como violencia sexual.

También se investigará a Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quien se desempeñó como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, al igual que Netzaí Sandoval, ambos señalados por corrupción, hostigamiento y uso indebido del cargo.

Otros funcionarios del Poder Judicial que están en la investigación, son los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles; José Artemio Zúñiga, quien llevó los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna; e Iván Zeferín Hernández, quien ordenó la detención de Francisco García Cabeza de Vaca, cuando éste aún era gobernador de Tamaulipas.