Niños enfrentan viacrucis por falta de políticas públicas de protección contra delitos sexuales en Tabasco

La entidad tabasqueña es una de las pocas que no cuenta con políticas públicas de protección a la niñez, a pesar del incremento en el número de casos de violencia física y sexual que se incrementó durante la pandemia, advirtieron asociaciones civiles.

Alejandra Arias Gómez, presidenta de la asociación civil, Aldea por los Niños, señaló que el 70% de los niños sufre algún tipo de violencia y el 30% son de tipo sexual, donde los familiares o personas cercanas suelen ser los agresores en el 80% de los casos.

“Es un viacrucis que viven los niños dentro de los hogares y la estadística es altísima, en México 7 de cada 10 niños sufren diferentes tipos de violencias y más del 30% es de tipo sexual, pornografía, pedofilia, explotación sexual en zonas turísticas, hay una gran diversidad de abuso y lo peor del caso es que en efecto la estadística se incrementa cada año entre un 10 o un 20% y hubo un reporte importantísimo durante la pandemia, porque los niños prácticamente se mantuvieron encerrados con sus agresores, porque hay que recordar que el espacio más inseguro para los niños continúa siendo el hogar, según las estadísticas”, expresó.

De acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, de enero 2019 a mayo de 2022, se iniciaron 2 mil 012 carpetas de investigación por los delitos de abuso sexual, pornografía y pederastia, cometidos en contra de menores de edad.

La activista, señaló que, lamentablemente en Tabasco, no se destina un presupuesto para prevenir la violencia sexual y física contra la niñez, a pesar de que es una obligación legal para los gobiernos, que han caído en la omisión y la consecuente violencia institucional.

“De hecho no tenemos ninguna política pública para frenar la violencia infantil en Tabasco, ninguna y eso es lo grave que no se está haciendo nada para frenar esta problemática que, los niños en México y en Tabasco no solamente sufren la violencia de parte de los agresores, sino que los niños también son víctimas de la violencia institucional y esto qué significa, la omisión en el cumplimiento de la ley, de lo que establece la Constitución, de lo que establece la Ley Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes, esto origina un altísimo nivel de impunidad, hay estudios que señalan que solamente el 10% de las denuncias se resuelven a favor de los niños, hay en altísimo nivel de impunidad y corrupción y si le sumas que no hay una defensoría jurídica para la niñez, no existe, entonces los niños están desprotegidos ante una comisión de delito”, fustigó.

Cabe señalar que, de acuerdo a la FGE, durante los últimos tres años y medio se presentaron 1 mil 847 denuncias por pederastia, 147 por abuso sexual a menores, así como 18 carpetas de investigación por pornografía infantil, pero la detención de los agresores, no rebasan las 527 personas.

La activista social refiere que, dado que los niños están más expuestos a la violencia sexual en sus hogares, es necesario crear los protocolos, para que los maestros puedan denunciar y dar seguimiento a los casos que detecten desde las aulas, pues están facultados por la Ley para poder hacerlo.

“Hay un sector que sí puede abanderar la defensoría de los niños que, puede denunciar que, puede llevar un seguimiento de estos delitos, porque si lo contempla la nueva Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el sector magisterial en las escuelas, es donde los niños reflejan que son víctimas de golpizas, de violencia sexual, lo reflejan no solamente a través de la conducta, sino a través de las calificaciones y los maestros se dan cuenta, el problema es que en el magisterio tampoco hay un programa, una política pública que pueda concentrar esas denuncias, ya la ley les otorga la facultad de denunciar, de llevar un seguimiento, pero no hay un protocolo en las escuelas para la prevención de la violencia infantil que, también es una omisión, porque ya está contemplada en la ley, pero lamentablemente no se ha implementado”, expuso finalmente.