Invalida SCJN segunda parte del Plan B de la reforma electoral de AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la segunda parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Por mayoría de 9 votos, el Pleno del máximo tribunal invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023.

Los ministros resolvieron que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo. 

Mencionaron, entre otras cosas, que las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión.

Además, que a pesar de que comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados, fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, por lo que ni siquiera dictaminadas en comisiones.

Ello a pesar de las reiteradas peticiones de "las minorías", es decir, la oposición, para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio.Los integrantes de la Suprema Corte agregaron que, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto que ya había sido aprobado por ambas Cámaras. 

Al declararse la invalidez del Decreto, las leyes que se habían reformado recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes del 2 de marzo de 2023.

La Suprema Corte sentenció que, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, ha reiterado que el procedimiento legislativo es la base del régimen democrático y no un mero formalismo. 

Ello, debido a que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa.