Eliminación de “trabas” para renta de vientres en Tabasco, abre puerta al aborto y al negocio

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó “trabas” para la renta de vientres en Tabasco, como el rango de edad que se imponía de 25 a 40 años y acreditar la imposibilidad física o médica para poder acceder a este tipo de procedimientos.

En este sentido, el presidente de la Alianza de Familias por Tabasco, Raúl Álvarez Constantino, lamentó el fallo del máximo tribunal, que declaró inconstitucional los artículos 380 Bis 1, 380 Bis 5, fracción III y 380 Bis 5, fracción III del Código Civil del Estado.

En entrevista para Telereportaje, refirió que dicha resolución solamente propiciará que empresas extranjeras vengan a la entidad a hacer “negocios”, al recordar que en el pasado, Tabasco era un “laboratorio” para renta de vientres subrogados, y que por ello, se modificó la ley en la administración pasada.

“Esa es una de las cosas más terribles que hemos visto que ha aprobado la SCJN, que nos parece una situación muy lamentable, porque lo que plantea es que una mujer pueda ser usada como una incubadora, nuestro estado había sido por años el lugar predilecto para que personas de otros países, o más bien, empresas de otros países usaran esta libertad contenida en algunas leyes, para que contrataran mujeres, a fin de que usaran su vientre de manera subrogada. Este planteamiento de la Suprema Corte, lo único que va a propiciar es que las empresas sigan usando este negocio”, comentó.

Agregó que en la mayoría de los casos, las empresas que se dedican a este negocio, que es una “compra-venta” de bebés, contratan a mujeres de bajos recursos.

“Contratan a personas de bajos recursos, mujeres que tengan alguna problemática social, por una módica cantidad, que pequeña en muchos de los casos, hacen que entren a este proceso, para que donen su vientre, para que otra pareja pueda tener hijos, y una vez que concluye ese proceso, le dan su dinero, la empresa se lleva la mayor parte de la recaudación económica. Estamos diciendo que las mujeres rentan su vientre, y que ese bebé, que biológicamente está conectado a ella, lo separamos a ella, para entregárselo a la persona que pagó un recurso para obtener a ese bebé, en cualquier parte se le llama compra-venta”, dijo.

Álvarez Constantino también advirtió que con la nueva “jurisprudencia por precedente obligatorio”, se deja indefensas, de manera jurídica, a las mujeres que acceden a rentar sus vientres, cuando se presenten problemas durante el embarazo.

“El problema es en qué defensa jurídica tendría una mujer que pueda tener ese bebé un problema, y que la parte que va a recibir al bebé ya no lo quiera, cómo vamos a defender a esas mujeres si llega a haber una situación genética, alguna situación en el embarazo que pudiera afectarle, y que pudiera no llegar al final de entregar el producto, por donde lo veamos, esto es una nueva forma de esclavismo”, cuestionó. 

De igual forma, señaló que al eliminar estas “trabas”, y de presentarse problemas en los bebés, se abre la puerta al aborto, lo cual dijo, es un “negocio redondo” para las empresas que se dedican a la gestación sustituta. 

“Aquí entra el otro tema, el tema del aborto, porque posiblemente en algunos momentos recurran, recurran que cuando no lleguen a un feliz término en el acuerdo o el contrato, o no sé cómo lo vayan a manejar, significará que dirán a la mujer, aborta, ya no pasa nada, por eso vemos la urgencia que en el país se legalice el tema del aborto, vemos como es un negocio completo, redondo, en donde solamente un grupo va a resultar beneficiado”, alertó.

Aunado a lo anterior, tras la reforma al Código Penal del Estado, en el sexenio pasado, se estableció la obligatoriedad para que los notarios dieran aviso al Registro Civil, sobre los contratos de vientres subrogados.

De acuerdo a información obtenida vía transparencia, de 2016 a 2022, en la entidad se registraron 70 contratos de renta de vientres.

Desglosado por año, en el 2016 se celebraron tres contratos; en 2017, ocho; en 2018, 10; en 2019, 12; en 2020, 12 casos; en 2021, siete; y en 2022, 18 contratos, siendo el mayor número.