Diputados federales aprueban regulación de la subcontratación laboral

La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas en materia de subcontratación que prohíben esta modalidad laboral, tanto a empresas privadas como al gobierno, salvo en el caso de los servicios especializados.

El dictamen, que recibió 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, prohíbe la subcontratación de personal, entendiéndose por esto cuando una persona física o moral, proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Durante la discusión en el pleno, Manuel Baldenebro, presidente de la Comisión de Trabajo, defendió la iniciativa argumentando que ayudará a erradicar prácticas que perjudican a los trabajadores.

“Las modificaciones presentadas erradicarán prácticas que operan en la actualidad a través de diversas formas de simulación, en perjuicio de los trabajadores y del erario público. Aprobamos el presente dictamen con la finalidad de contar con una protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras, pero también reglas claras para que los buenos patrones de este país sigan impulsando el progreso de México”.

En el caso de los servicios especializados, las empresas deberán estar registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Quienes realicen o presten el servicio de subcontratación sin el registro, recibirán una multa de entre 179 mil pesos y más de 4 millones de pesos.

Antonio Ortega, diputado del PRD, dijo que aunque la iniciativa tiene buenas intenciones, como consecuencia aumentará la informalidad y la desconfianza en las inversiones.

“El aumento de la informalidad y la pérdida de confianza en las inversiones serán una consecuencia natural, y las finanzas públicas resentirán el efecto de la pérdida de empleos y cierre de empresas. La iniciativa tiene buenas intenciones, pero desafortunadamente los resultados serán devastadores”.

Carlos Alberto Valenzuela, del PAN, dijo que más de 4 millones de familias mexicanas quedarán condenadas a la informalidad.

“¿Con qué cara van a voltear a ver a los empresarios? ¿Con qué cara van a voltear a ver a la gente que supuestamente están ayudando cuando pierdan sus empleos por esta mala decisión? Con la aprobación de este dictamen, ustedes, los que votarán a favor, están condenando al desempleo y la informalidad a más de 4 millones de familias mexicanas”.

Las empresas que actualmente laboran bajo este régimen, tendrán un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores.