Deja la SFP sin efecto inhabilitación de farmacéutica PiSA

La Secretaría de la Función Pública otorgó la suspensión definitiva a la inhabilitación por 30 meses impuesta a la empresa Laboratorios PiSA.

A través del Diario Oficial de la Federación, la dependencia informó que la farmacéutica podrá seguir participando en procedimientos de contratación pública

“Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público; aunado a que con la presente concesión únicamente se paraliza temporalmente la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante”, indica el resolutivo.

Cabe recordar que la empresa comenzó a ser investigada en enero de 2020, y el 21 de octubre de ese año se dio a conocer la sanción de inhabilitación por 30 meses y multa por un millón 170 mil 95 pesos, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social.

No obstante, en el DOF se explicó que el 27 de marzo de 2020 se publicó un decreto sobre acciones extraordinarias frente a la pandemia de Covid-19. Entre estas se encuentran la adquisición de todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional para obtener equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, entre otras mercancías necesarias durante la contingencia sanitaria, sin la necesidad de llevar a cabo una licitación pública.

Por lo que la medida cautelar otorgada a PiSA se debe a dichas acciones extraordinarias.

En ese sentido, la suspensión “deriva en que se permita a la actora seguir participando en procedimientos de contratación pública y, en consecuencia, pueda presentar propuestas y, en su caso, celebrar contratos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México”.