Turna IEPC al Congreso denuncia de Alma Espadas contra Juan Álvarez por violencia de género

Señala que es facultad del Congreso revisar el actuar de los diputados en tribuna

Turna IEPC al Congreso denuncia de Alma Espadas contra Juan Álvarez por violencia de género

Por tratarse de un diputado y sus declaraciones en tribuna, el IEPC se declaró incompetente para resolver la denuncia por violencia política en razón de género, presentada por la alcaldesa de Teapa Alma Rosa Espadas en contra del perredista, Juan Álvarez Carrillo.

La consejera presidente del IEPC, Elizabeth Nava, señaló que, aunque todos los órganos públicos pueden pronunciarse sobre los actos de violencia política de género, en este caso el IEPC no entró al estudio del caso, toda vez que es facultad del Congreso, revisar el actuar de los diputados en tribuna.

"En ese tema se remitió al Congreso, porque al final las manifestaciones realizadas por el diputado fueron en tribuna, se le mandó a ellos, pero nosotros no somos competentes en ese tema en tanto se pronuncie en el Congreso, por tratarse de un diputado. Recordemos que todas las autoridades dentro del ámbito de nuestra competencia, tenemos que observar el tema de la violencia de género, poderla erradicar, prevenir y sancionar, entonces en este caso en particular le corresponde al Congreso pronunciarse por las manifestaciones realizadas por el diputado en tribuna y si eso llegara a constituir un tema de violencia de género, ellos tendrán que determinarlo correspondiente, no entramos al estudio por un tema procedimental de inicio, a quien le corresponde pronunciarse hasta el Congreso, serán los tiempos del Congreso, no les damos ningún plazo. Nosotros no entramos y nada más se lo mandamos al Congreso para que ellos se pronuncien, yo desconozco en este momento la legislación del Congreso, su procedimiento interno para poder atender este tipo de asuntos", indicó.

Aseguró que, las distintas denuncias que se han presentado por parte de los partidos están siendo analizadas y resueltas dentro de los plazos de Ley y los involucrados tienen a salvo su derecho de impugnar ante los tribunales si consideran que la resolución no es apegada a derecho.

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