Interpone IFT Controversia Constitucional contra Ejecutivo federal por no designar a comisionado
Dicha omisión pone en riesgo funciones esenciales que le han sido conferidas por la Constitución, señala.
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó interponer una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, por la omisión del Ejecutivo Federal al no proponer al Senado de la República a las candidatas a comisionadas de este órgano regulador, a partir de las listas que le fueron enviadas por el Comité de Evaluación.
A través de un comunicado, el organismo avaló, de manera unánime, la propuesta del comisionado presidente por suplencia, Javier Juárez Mojica, de entablar dicho juicio que fue presentado este lunes ante el máximo tribunal del país.
Precisó que el Proceso de Selección de Comisionados del IFT establece que el Ejecutivo debe elegir a los candidatos de una lista enviada por el Comité de Evaluación, la cual contiene a los aspirantes que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas en un examen de conocimientos, y proponerlos al Senado para su ratificación.
Indicó que, desde el 2020, han salido tres comisionados sin que el Ejecutivo haya enviado al Senado de la República su propuesta de candidatos, que deben elegirse de la lista de aspirantes previamente analizados por el Comité de Evaluación.
“Ante la falta de selección y envío al Senado de las propuestas de candidatas para ser ratificadas, el Pleno ha estado trabajando con solo cuatro de los siete integrantes que lo deben conformar”, aseveró.
Ante ello, señaló, la omisión de selección del Ejecutivo federal incide en el ámbito competencial de este órgano regulador, al poner en riesgo facultades orgánicas y funciones esenciales que le han sido conferidas por la Constitución y por las leyes.
“Resulta indispensable que el IFT cuente con un Pleno conformado por siete comisionados y bajo un principio de paridad de género, además de poder ejercer la totalidad de sus atribuciones constitucionales y las establecidas en las leyes, y con ello cumplir con su objeto y propósito constitucional como regulador de los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como de autoridad exclusiva en materia de competencia económica para dichos sectores”, sostuvo.