Nuevo decreto Obradorista elimina posibilidad de que comunidades se quejen por daño patrimonial: JMF

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, advirtió que el nuevo decreto en materia de obra pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, elimina la posibilidad de quejarse ante los posibles daños patrimoniales y ambientales que generen los proyectos de construcción federal.

El legislador perredista expuso que, según el acuerdo presidencial, todas las dependencias tendrán que otorgar a las obras públicas, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, permisos de construcción, impacto ambiental o lo que requieran, en un plazo máximo de cinco días, lo que, aseveró, viola el marco jurídico de la Constitución.

“Las obras públicas forzosamente afectan patrimonio de particulares, ahora la posibilidad de quejarse, la posibilidad de entrar a una negociación más seria con el gobierno para ser indemnizado por estas afectaciones que ocasiona la obra pública, estará muy limitada, esto es, se van a estar violando los derechos humanos”, indicó.

Asimismo, Fócil Pérez alertó que las comunidades, principalmente las indígenas, serán las más afectadas con el decreto, pues tampoco se podrán amparar.

“Las comunidades, sean indígenas o de cualquier tipo, de igual forma prácticamente no se podrán amparar, porque en las obras hay contaminación, hay impacto en el pueblo, de su medio ambiente, pues ahora ya no se podrán quejar”, apuntó.

En ese sentido, el perredista expuso que está urgiendo a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Olga Sánchez Cordero, a que promueva una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Ejecutivo federal está invadiendo funciones legislativas que no le corresponden.

“No puede un acuerdo del presidente estar por encima de la Constitución Mexicana, ni estar por encima de leyes secundarias, esto es una grave acción del presidente de la República”, aseveró.