Avanza en comisiones del Senado reforma para ampliar delitos con prisión preventiva

Con 22 votos a favor y 10 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron este martes el dictamen de la minuta a la reforma del artículo 19 de la Constitución, con la que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La modificación al segundo párrafo de dicho artículo añade a la extorsión como un delito por el que los jueces pueden ordenar esa medida cautelar a quienes lo cometan, así como por la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.

Asimismo, añade que amerita prisión preventiva oficiosa los delitos graves que determine la ley en contra de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Durante el debate del dictamen, el senador del PAN, Ricardo Anaya, pidió no aprobar la enmienda constitucional, pues se trata de un asunto "delicado por la implicación directa que tiene en las personas", toda vez que organizaciones de derechos humanos como la ONU, han advertido que la prisión preventiva viola la presunción de inocencia y, por lo tanto, atenta contra las garantías individuales.

"Esto de la prisión preventiva oficiosa no es un invento de ustedes, viene desde el sexenio de Felipe Calderón. No perpetuemos una figura que es violatoria de los derechos humanos, que viola la presunción de inocencia", sostuvo.

En defensa de la minuta, el legislador morenista, Saúl Monreal, rechazó que la prisión preventiva oficiosa sea "un castigo, un exceso o un cheque en blanco" para encarcelar a los inocentes, como ha acusado la oposición.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que la prisión preventiva oficiosa transforma una medida cautelar en una "pena anticipada", porque elimina la posibilidad de analizar individualmente la conveniencia de una detención, lo que viola el principio de presunción de inocencia.