Avala Congreso separar e inhabilitar a funcionarios públicos que autoricen acciones que dañen el medio ambiente

Hay que recordar que las penas por este motivo van de los 2 a los 8 años de prisión, así como veinte mil días de multa.

El diputado Exequias Escalante participó para hablar sobre esta reforma.

“Es ir avanzando en este tema ambiental en el que nuestro estado, a pesar de ser cuna de una flora y fauna abundante, pues tiene algún rezago bastante pronunciado y que con esto no sólo se trata de elevar proporcionalmente las penas para quienes atenten contra el equilibrio de la naturaleza, sino también incluir una nueva figura de destitución e inhabilitación de los servidores públicos que incurran en los temas que deriven en lo ya señalado”, expuso.

El código penal establece que al servidor público que autorice, permita obras o actividades que contravengan las disposiciones legales aplicables y que ocasione o pueda ocasionar daños al ambiente, se les aplicará la sanción.