Piden gobernadores de 4T a SCJN no eliminar prisión preventiva oficiosa

Los gobernadores de Morena y aliados pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la prisión preventiva oficiosa, como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH).

En un desplegado, en calidad de Amicus Curiae, pidieron considerar el principio "de supremacía constitucional atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales".

Insistieron que "la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito".

Los mandatarios integrantes de la 4T hicieron un "llamado respetuoso" al máximo tribunal para considerar sus argumentos, al tratarse de una decisión que, dijeron, "impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos" son responsables.

Si bien reconocieron que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, consideraron que estas deben "estar armonizadas y no transgredir el contenido" de la Constitución Mexicana. Ello, para "mantener un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra soberanía y ordenamiento jurídico interno".

Basándose en el artículo 133 constitucional, concluyeron que, de preferir "una norma de carácter internacional sobre el derecho interno, se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso del ámbito internacional tendría el alcance de inaplicar (...) una norma de rango constitucional, lo que llevaría a vulnerar a la propia Constitución".

Finalmente, señalaron que en la misma Carta Magna se establece el procedimiento para modificar su contenido, por lo que pidieron a la Suprema Corte "observancia estricta al artículo 135", que menciona que las reformas necesitan la aprobación del Congreso de la Unión y de los congresos de los Estados de la República.