Denuncia colectivo feminista revictimización de niña que denunció violencia sexual en fiscalía de Cárdenas

La Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas, denunció la revictimización de una niña que denunció violencia sexual en el Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas.

En conferencia de prensa, Verónica Valenzuela Pernas, testigo presencial de las presuntas violaciones a los derechos humanos de la menor, durante la diligencia que se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales en Cárdenas el pasado 12 de marzo, expuso que el pasado 20 de septiembre de 2019, se inició la carpeta de investigación 3397/2019 por el delito de abuso sexual, en contra de una niña en la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de aquel municipio.

Debido a la pandemia, el proceso se retrasó y se reactivó a finales de 2020, citando a la familia de la víctima para el 21 de enero de 2021, pero ante el acoso del que era víctima la menor por parte de vecinos y familiares, pues su casa se ubica en el mismo terreno que el domicilio de su agresor, sus padres decidieron cambiarse de vivienda, por lo que se suspendió la audiencia.

El secretario del Ministerio Público, notificó a la madre de la menor vía WhatsApp para que se presentara el día 12 de marzo en la Sala de Juicios Orales para la celebración de la audiencia de sentencia, con su hija y su esposo.

Llegado el día, la menor y sus padres se presentaron en el lugar, sin embargo, ingresó la madre al área de audiencia, mientras que al padre y la niña se les pidió permanecer en la sala de espera, lugar en el que también estaba la familia del victimario. 

Situación de la cual se percató el fiscal del caso, Juan Manuel Magaña Pérez, durante un receso de la audiencia, así como el personal de la Sala de Juicios Orales, quienes no actuaron conforme a los protocolos de atención a víctimas.

“En ese receso el Fiscal (Juan Manuel Magaña Pérez) sale de la sala de audiencia antes de que yo llegara y se acerca al padre de la menor para platicarle, a lado de la niña, y le dice, -Es que vamos a solicitar la reclasificación de delitos, porque aparte de la pederastía se da el parentesco y se da la intencionalidad porque cuando la niña manifiesta que no se qué, que no se cuánto-, Vuelven a revictimizar y recordarle a la niña en su cara todo lo que vivió y declaró…”, refirió. 

Verónica Valenzuela, indicó que vía mensaje de texto contactó al padre de la menor para saber cómo iba la audiencia y cuándo éste le informó que se encontraban en el mismo lugar que la familia del victimario, se trasladó inmediatamente a la Sala de Juicios Orales.

Al llegar al lugar, solicitó que de inmediato se llevara a la niña a un espacio apartado en el que se salvaguardara su integridad física, sin embargo dijo, ante la cerrazón del personal de la Sala, decidió llevarse a la menor a su automóvil para tratar de distraerla y alejarla de la familia de sus agresores.

“Después de que sucedió esto y fueron (los padres) a donde estaba la niña me dicen, no vaya a ser que por culpa de esto que hicimos me le den sentencia absolutoria, no, ustedes no hicieron nada, lo hice yo, porque era trabajo del Fiscal y de los jueces, y si al agresor le dan sentencia absolutoria saben porqué es, por el mal trabajo que haga el fiscal, porque yo ya llegué cuando estaba en sentencia, porque no influye en nada en la sentencia…”, expuso. 

Agregó que ante el incidente, el coordinador de Fiscales, Carlos Priego Ponce, hizo acto de presencia en el lugar y se percató de las violaciones a los protocolos de atención y protección de víctimas, y ordenó que se garantizaran sus derechos a la menor, además que se comprometió a que ese tipo de actos no se repetirán, así como a citar a todos sus fiscales para verificar cuántos casos de violencia sexual se están llevando y a quiénes se les está dando seguimiento psicológico.

E incluso dijo, año y medio después del dictamen médico, se le entregó a los padres de la menor un documento mediante el cual se canaliza a la niña al área de psicología de la Secretaría de Salud del Estado para que inicie su tratamiento.

“Empiezo a platicar ya un poco más tranquila por ver a la niña resguardada con el coordinador y en ese momento termina la audiencia, sale el Fiscal Juan Manuel Magaña Pérez, y su jefe su coordinador, le hace señas así de ‘ven’, él ve y se imaginó que yo era la que había estado gritando afuera, ignora el llamado del coordinador, al segundo llamado acude de forma déspota y prepotente, y le pregunta (su superior) si sabía de la presencia de la niña, él responde, que si, incluso existen en audios que fueron entregados a la autoridad correspondiente, donde dice, sí, sí, si el tribunal estaba enterado de que la menor estaba aquí, y le cuestiona, pero por qué no la protegiste (a la menor) y respondió que eso le corresponde al Tribunal”, recordó. 

Valenzuela Pernas criticó que, el sistema de justicia se ha dedicado a copiar prototipos de juicios y edificios de Estados Unidos, pero no se otorgan las garantías que se ofrecen en otros países, e incluso, miles de agresores andan libres, y ante la saturación del sistema, llega el momento en que las víctimas se convierten en un número de expediente.

“Hay que exigirles también a Sipinna (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes), al DIF Estatal, al DIF Municipal, a todas las autoridades correspondientes, que abran de manera inmediata la línea para denuncias anónimas, que si tu estás escuchando que a la niña de la casa de al lado la están golpeando, que si la niña de al lado llegó a comentarle a tu niña que ha sido violentada, levantes el teléfono, dejemos la apatía atrás, cuidemos lo más sagrado que tenemos, nuestras mayores esperanzas son los niños, tenemos que dar una línea de apoyo, 911, me están golpeando, pero que cuando te golpeen (y denuncies) no solo te tomen tu denuncia y te dejen ir otra vez a que te rompan la madre nuevamente, díganme qué hicieron, la niña declaró y regresaba a vivir a lado de la casa de su agresor, todo lo hay en la ley de víctimas, a todo tenemos derecho, porque tenemos que exigirlo”, cuestionó.

Finalmente apuntó que, procedió a interponer una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado.