Alcaldes renuevan convenio de Mando Único Policial para combatir el delito

Durante la XXXI Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, los 17 presidentes municipales renovaron el convenio de Mando Único Policial con el fin de prevenir y combatir el delito.

Ante el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Luis Arcadio Gutiérrez León, aseveró que esta alianza establece las bases de coordinación y colaboración entre el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos para realizar acciones conjuntas, el cual brinda certeza jurídica a la actuación entre los elementos estatales y municipales.

“Con la renovación del Convenio de Mando Único se consolidará la labor de las fuerzas de seguridad estatales y municipales a través de la colaboración y la coordinación para prevenir y combatir el delito, fortalecer la capacidad de respuesta de estas instituciones, a través de la articulación de acciones conjuntas; auxiliar la operatividad táctica en el ámbito de la seguridad proactiva y reactiva; optimizar los recursos humanos y materiales y presupuestales disponibles para el combate de la delincuencia, la profesionalización policial, la prevención de los delitos y la participación ciudadana”, expresó.  

Gutiérrez León, mencionó que también se homologan los criterios y procedimientos para la selección de los elementos policiacos, se determina las remuneraciones, la formación, permanencia en el cargo, evaluación, reconocimiento, certificación y régimen disciplinario, así como para normar los protocolos de actuación para garantizar el orden y la paz pública.

Por otra parte, el funcionario estatal anunció que en diciembre entregarán a Seguridad y Protección Ciudadana 21 camionetas tipo pick up con una inversión de 21 millones 279 mil setecientos pesos.

Asimismo, recordó que para el ejercicio fiscal 2021, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), la Federación entregó 218 millones 508 mil pesos y el estado 54 millones 727 mil pesos, destacando que el 70% está distribuido en los programas de prioridad nacional relacionados con el equipamiento de las instituciones y el fortalecimiento de capacidades en evaluación de control de confianza.