"Va por México” presentará controversia constitucional contra decreto de obras de AMLO

Diputados que integran la coalición “Va por México” informaron que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el decreto firmado por el presidente López Obrador, que declara las obras de infraestructura de su gobierno como asuntos de “interés público” y de “seguridad nacional”.

En rueda de prensa conjunta, los legisladores Jorge Romero (PAN), Luis Espinosa Cházaro (PRD) y Rubén Moreira (PRI), expresaron su preocupación por este “decretazo”, el cual aseguraron, viola el Artículo 6 de la Constitución, en el que se establece que todos los mexicanos tienen derecho al libre acceso a la información, además de que demuestra el “talante autoritario” del mandatario federal.

Romero Herrera indicó que, de nueva cuenta, de manera unilateral, el titular del Poder Ejecutivo federal intenta determinar cosas que son “flagrantemente inconstitucionales” e “ilegales”.

“Esto es un atentado absoluto a la garantía que tenemos, al derecho humano que tenemos las mexicanas y los mexicanos a la transparencia, al derecho que tenemos a acceder a la información que es pública. Y por eso estamos evaluando, junto con nuestros especialistas, no solamente el denunciarlo, sino literalmente, usar nuestro poder político y jurídico para que la Suprema Corte resuelva, como estamos convencidos que hará, determinando la inconstitucionalidad de este decreto”, dijo.

Por su parte, el líder de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que la transparencia de los recursos, la asignación de las licitaciones y el uso del presupuesto, no pueden burlarse argumentando que son de seguridad nacional, cuando, dijo, “a todas luces no lo son”.

“Nos parece preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar, opacar, obras que a todas luces pues son las obras de infraestructura que el presidente de la República ha decidido llevar a cabo, pero estas obras requieren de permisos, autorizaciones de distintas instancias y el escrutinio público, porque pueden o no ser benéficas”, aseveró.

En tanto, el priista Rubén Moreira consideró que al presidente López Obrador no se le informó de los alcances del decreto, ni cómo está soportado legalmente.

“No hay una necesidad jurídica. La constitucionalidad del mismo es muy dudosa, la forma en la cual se sacó, por la tarde, las consecuencias que pueda tener para quien se sienta afectado por un derecho, esto genera una concentración importante de decisiones, y que además los temas de transparencia no salgan”, indicó.