Tribunal ordena a juzgado admitir a trámite amparo de Murillo Karam

La FGR ha solicitado una pena de 82 años de prisión contra el ex gobernador de Hidalgo

• Arnulfo de la Cruz
• Julio 11, 2023 - 10:18 p.m.
• NACIONAL

Un Tribunal Federal ordenó a un juzgado de Distrito admitir a trámite el amparo que interpuso el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien busca que la Fiscalía General de la República (FGR) le brinde auxilio para recabar 15 datos de prueba para echar abajo la imputación que se realizó en su contra por el caso Ayotzinapa.

El Octavo Tribunal Colegiado en materia penal aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Enrique Martínez Guzmán, quien consideró fundados los agravios del exfuncionario, al puntualizar que en este asunto deben regir las reglas del derecho de acceso a la justicia establecidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).

"...el auto inicial, en el que se decide dar trámite o no a un juicio de amparo, no es el momento procesal oportuno para establecer si en el caso concreto, el acto reclamado se encuentra dentro de las reglas generales o en el campo de la excepcionalidad, de los casos en los que el juicio de amparo resulta procedente, cuando los actos vulneren derechos sustantivos y, por ende, fueron de los catalogados como los de difícil reparación", mencionó.

En este sentido, los abogados de Murillo Karam aseguraron que los datos de prueba son vitales para exponer la defensa del caso y para revertir las pruebas que la FGR presentó.

Cabe recordar que, en febrero y marzo del presente año, la FGR rechazó la petición de auxiliar al exprocurador, al argumentar que no resultaban pertinentes ni útiles para el esclarecimiento de los hechos.

Por lo anterior, la defensa de Jesús Murillo Karam promovió un juicio de amparo, pero fue desechado por el juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

La FGR ha solicitado una pena de 82 años de prisión contra el ex gobernador de Hidalgo, por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de la justicia, así como de desaparición forzada y tortura, en el caso Ayotzinapa.