Solicita Poder Judicial incremento del 4% a presupuesto de 2024

Este lunes la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, presentó la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 para el Poder Judicial Federal, en la que se pide un incremento del 4%, respecto al recurso aprobado este año.

El proyecto, que fue avalado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados, señala que los recursos solicitados conforme a las expectativas de inflación –que ascienden a 84 mil 794 millones 400 mil pesos-, se traducen aproximadamente en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.

"Se solicita lo necesario e indispensable para garantizar la continuidad de las funciones que, en términos de la Constitución y las leyes, tenemos encomendadas los integrantes de la Judicatura. Funciones, mayoritariamente jurisdiccionales a partir de las cuales, se imparte justicia", dijo.

En sesión solemne conjunta de los plenos del Alto Tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Piña Hernández lamentó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el presupuesto de egresos de la Federación, en comparación con otros entes públicos.

"Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal, es colocar inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos... El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable", sostuvo.

La ministra enfatizó que proteger el acceso a la justicia de los mexicanos, no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.

"Impartir justicia, nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial, exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional", indicó.