Rosario Robles, usó indebidamente 3 mil 134 mdp de la Sedatu, destinados para viviendas de pobres: ASF.

Rosario Robles desvió 3 mil 134 millones de pesos y desapareció más de 724 millones de pesos, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), etiquetados para la construcción de viviendas, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La dependencia, detalló que, el dinero fue utilizado de manera indebida para pagar contratos de prestación de servicios celebrados con universidades, asesorías para la operación de programas.

Así como para liquidar subcontrataciones de servicios con terceros; arrendamiento de edificios, helicópteros, pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando, entre otros.

“Como resultado de una auditoría financiera y de cumplimiento para revisar el uso del presupuesto público destinado a programas del sector vivienda de la Cuenta Pública 2017”, la ASF, infirmó que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño patrimonial de 724 millones de pesos, dinero del que no se pudo rastrear su destino final.

También describió cómo la Sedatu desvió, sin autorización de la Secretaría de Hacienda, 3 mil 134 millones de pesos, que estaban destinados al Programa de Infraestructura, destinado para atender a población con deficiencias en la calidad y espacios en la vivienda, así como carencias en los servicios básicos en zonas urbanas y rurales, con hogares de alto y muy alto rezago social.

La Auditoria Superior, expuso que los 3 mil 855 millones de pesos no se usaron para viviendas, sino que se distribuyó de la siguiente manera: 31.5 millones, se fueron a universidades; 1 mil 489 millones al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y otros proveedores; 268.5 millones, a pagar deudas del programa Vivienda Digna y Vivienda Rural de dos años antes, 2015; 148.5 millones, al programa Hábitat 2015; 175 millones a cuartos adicionales; 61 millones, a asociaciones civiles; en tanto que de 689.2 millones se desconoce su destino y mil 23 millones no hay rastro de su ejecución.

Los otros 35 millones de pesos perdidos se detectaron en dos rubros: los 31.5 millones que se gastaron, sin evidencia de los servicios prestados, en los convenios celebrados, sin autorización, con el Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Universidad Politécnica del Centro; y otros 3.9 millones de pesos en una fianza pagada a una empresa que nunca entregó los trabajos contratados, consistentes en una auditoría a los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Vivienda.