Reservan por 5 años información sobre compra de vacunas COVID, por seguridad nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó al Gobierno federal mantener en reserva, hasta por 5 años, la información sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra COVID-19, así como los comprobantes de pago.

A través de un comunicado, la Corte informó que, al resolver dos recursos de revisión (RRSN 6/2021) y (RRSN 3/2021), el Pleno consideró que su divulgación “puede poner en riesgo la seguridad nacional”.

“Al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país. Por este motivo, esta información debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública”, sostuvo sobre los convenios con Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Serum y Sinovac.

Asimismo, la mayoría de los ministros resolvió que los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada, también por 5 años, por las mismas razones.

Cabe recordar que en 2021, las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino, con quienes el Gobierno federal tuvo convenios de precompra de vacunas, incluyeron cláusulas específicas para impedir que el contenido de los contratos saliera a la luz.

Respetará Inai fallo de la Corte

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) aseveró que respetarán la decisión de la Corte, aunque insistieron en la apertura de la información, por ser una obligación constitucional.

No obstante, tras el fallo, el Inai aseguró que permanecerá atento a la notificación de las sentencias, para “analizar y conocer a detalle su contenido y los argumentos que llevaron al Máximo Tribunal a resolver en dicho sentido”.

“Frente al desafío que significaba el acceso a la información en el desarrollo de la pandemia, el Pleno del Inai privilegió la apertura de la información, favoreciendo el principio de máxima publicidad y la rendición de cuentas, por encima de los posibles intereses o factores externos, sobre todo, cuando se trata de contrataciones pagadas con recursos públicos, las cuales, incluso, están consideradas como una obligación de transparencia”, sostuvo.