Reforma judicial es regresiva y provocará un daño mayúsculo, afirman investigadores de la UNAM

Advirtieron que la independencia judicial se vería comprometida en primer lugar dependiendo de su nominación

Reforma judicial es regresiva y provocará un daño mayúsculo, afirman investigadores de la UNAM
 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó el libro “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, que es una compilación de diferentes estudios realizados por investigadores a las modificaciones a la Constitución propuestas por el mandatario federal.

En la publicación, los expertos César Iván Astudillo y Javier Martín Reyes, destacan en el capítulo 11 los aspectos negativos que conlleva la posible elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros; además de que califican de regresiva la iniciativa y que, de aprobarse, provocaría un “daño mayúsculo”.

Advirtieron que la independencia judicial se vería comprometida en primer lugar dependiendo de su nominación, si fue propuesto por el poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

“Lo que en realidad quiere la iniciativa presidencial es que a la Suprema Corte y al resto de los órganos jurisdiccionales sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”, sostiene Martín Reyes.

En segunda instancia, durante el proceso electoral de los jueces, grupos de interés como sindicatos, empresarios, medios de comunicación y partidos políticos, definirían sus apoyos para determinados candidatos, lo cual comprometería definitivamente sus futuras decisiones y fallos.

“Su intención es mudar la naturaleza del Poder Judicial de la Federación (PJF) para hacer de él un nuevo cuerpo representativo, orientado hacia la política, alejándolo de sus condicionamientos actuales que le imponen una actuación técnica, neutral y especializada”, dice Astudillo en su texto.

Quien también resalta que la independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino un derecho de los ciudadanos para contar con jueces neutrales.

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