Prohíbe México uso de glisofato y de maíz genéticamente modificado para masa y tortilla

El Gobierno de México publicó este lunes un decreto que establece la prohibición del uso del glisofato y del maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla.

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el documento que establece diversas acciones para brindar claridad y certeza regulatoria con base en evidencia técnico-científica en ambos casos.

En el decreto, se precisa que las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal se deberán abstener de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.

Asimismo, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso de glifosato y de maíz genéticamente modificado.

También deberán realizar las acciones conducentes para el establecimiento y generación de alternativas y prácticas sostenibles y culturalmente adecuadas, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el medio ambiente.

Es decir, esas alternativas tendrán que ser libres de sustancias tóxicas que representen peligros agudos, crónicos o subcrónicos, pero que permitan mantener la producción agrícola.

Mientras se logra la sustitución del maíz genéticamente modificado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) podrá otorgar autorizaciones, siendo responsabilidad de quien lo utilice en México.

En cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, solo se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto, y se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional.

Las dependencias también establecerán las medidas de seguridad e impondrán las sanciones que correspondan, para lo cual se estableció un periodo de transición desde este martes 14 de febrero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024.

Finalmente, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, reiteró su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica.