Presidencia impugna freno a la extinción de fideicomisos del Poder Judicial

Refirió que dicha acción representa un "acto de soberbia y falta de solidaridad"

Presidencia impugna freno a la extinción de fideicomisos del Poder Judicial

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la suspensión que concedió el ministro Javier Laynez Potisek, con la que se frenó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Mediante un comunicado, el gobierno federal indicó que presentó el recurso de reclamación "en contra de la medida cautelar otorgada ilegalmente, ya que el propio ministro Javier Laynez Potisek reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales".

Asimismo, lamentó que el ministro, "de manera arbitraria, haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las disposiciones transitorias", señaló.

Lo anterior, añadió, "hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador".

El gobierno del presidente López Obrador destacó que el ministro Laynez Potisek argumentó que, de no detenerse la extinción de fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual dijo, "resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados".

Además, indicó que el ministro consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer inmune frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo.

No obstante, el Gobierno de México señaló que lo anterior representa un "acto de soberbia y falta de solidaridad", debido a que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos de los fideicomisos a los damnificados en Acapulco, Guerrero.

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