PAN propone iniciativa para que presidentes informen sobre su salud, incluida la mental

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Constitución con el objetivo de que el Presidente de la República informe sobre su estado de salud, incluida su salud mental.

El legislador Éctor Jaime Ramírez, indicó que esta medida busca asegurar que quien lidera el país esté en óptimas condiciones para ejercer sus funciones. 

"Es crucial que el Presidente o la Presidenta mantenga una salud óptima para el ejercicio del gobierno, incluyendo su salud mental. Esto garantizará que estén en condiciones de proteger la soberanía y seguridad del país", explicó en un comunicado.

La propuesta establece que, durante la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año del Congreso, el mandatario federal presente un informe clínico actualizado en versión pública, que certifique su buen estado de salud mental y la ausencia de enfermedades incapacitantes. 

Ramírez Barba, recordó que, en otros países, como Estados Unidos, es común que se divulgue el estado de salud de los presidentes. Por ejemplo, dijo, los chequeos médicos del presidente Joe Biden están disponibles en la página oficial de la Casa Blanca. 

En contraste, en México no ha existido voluntad política para divulgar el estado de salud de los mandatarios, incluso en situaciones de hospitalizaciones y cirugías.

"Durante los últimos sexenios, ciudadanos y medios de comunicación han solicitado conocer el estado de salud y el expediente clínico del presidente en turno, a menudo debido a especulaciones o escenarios de incertidumbre, como sucede hoy en Estados Unidos. Sin embargo, tanto instituciones públicas garantes del derecho al acceso de la información, como tribunales, han rechazado consistentemente proporcionar esta información, argumentando su carácter confidencial y reservada", explicó.

El diputado panista añadió que la falta de transparencia sobre la salud del presidente puede generar incertidumbre política y afectar la confianza pública y los mercados internacionales. Además, puede comprometer la capacidad de respuesta a crisis nacionales e internacionales y debilitar las relaciones diplomáticas del país.