Gobierno pedirá nuevas órdenes de aprehensión contra los 8 militares detenidos por caso Ayotzinapa

El gobierno federal informó este lunes que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión en contra de los ocho militares detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero que, tras una determinación judicial, se ordenó que llevaran su proceso en libertad.

A través de la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa, en donde indicó que también le pedirán a la fiscalía que se revisen las medidas cautelares "tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza (Raquel Ivette Duarte Cedillo) a otorgar la prisión preventiva justificada".

Aseguró que "no nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa", al asegurar que, dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad, sino que, por el contrario, "se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso".

Recordó que el mismo Poder Judicial liberó a 62 implicados en el caso al argumentar que habían sido torturados, pero que no ha actuado en contra de "torturadores" como Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel; incluso, sostuvo que intentaron dejar en libertad al extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, pero que al final se logró impedir.

"Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición", criticó.

Ahora, añadió, "sin ningún fundamento legal" se ordenó poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa, "con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas".

Afirmó que el daño que se ha hecho es "inconmensurable", y que, con estas decisiones, "el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia".

Por último, aseveró que para el Gobierno de México el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, por lo que refrendó su compromiso con la legalidad, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. "La búsqueda continuará hasta encontrarlos".