Gobernadora de Aguascalientes anuncia iniciativa provida que busca contrarrestar fallo de SCJN sobre aborto
Propone brindar acompañamiento a las embarazadas para garantizar su sano desarrollo
Tras la reciente despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez y los diputados panistas del Congreso local, anunciaron que impulsarán una iniciativa ´Provida´.
La propuesta busca contrarrestar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que modificó la legislación estatal.
A través de un video divulgado en varias plataformas digitales, la mandataria estatal hizo hincapié en la importancia de establecer un "estado de derecho" basado en una doctrina que defienda los derechos humanos desde la concepción.
"Es imposible concebir un Estado de Derecho si no somos capaces de respetar lo esencial, si no hablamos y actuamos en el marco de una doctrina humanista que defienda los derechos humanos desde la concepción, en nuestro estado consideramos primordial el respeto a la dignidad e igualdad de las mujeres y personas en todos los momentos de su vida, por lo que de manera paralela, seguiremos desarrollando políticas preventivas donde se respeten plenamente los derechos humanos buscando un equilibrio justo desde la información y acceso a servicios de salud de calidad, Aguascalientes es un estado Provida, un estado que promueve las infancias felices, el desarrollo integral de la familia y el respeto a la dignidad del ser humano en todos los momentos de su vida", indicó.
La iniciativa provida presentada, propone la creación de un sistema legal para la protección de la vida, enfocándose en el derecho desde la concepción.
Propone además brindar acompañamiento a las mujeres embarazadas para garantizar su sano desarrollo en aspectos como la salud, educación, cultura y economía, proporcionando un apoyo integral que permita a las mujeres tomar decisiones informadas respaldadas por las condiciones adecuadas.
Asimismo, busca definir las facultades, atribuciones y competencias de las instancias gubernamentales para implementar planes, programas y acciones para garantizar condiciones favorables para las mujeres embarazadas, así como la prevención del embarazo no deseado.
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