‘Estafa Maestra’ se utilizaría para pagar deudas de campaña de EPN, confiesa Zebadúa ante la FGR

El ex Oficial Mayor de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa, gente cercana a la extitular de la dependencia federal, Rosario Robles, señaló que el dinero desviado a través del esquema conocido como la “Estafa Maestra”, supuestamente se utilizaría para pagar deudas y compromisos generados durante la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto.

La declaración de Zebadúa González fue mencionada por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial, realizada por videoconferencia, en la que imputó a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la “Estafa Maestra”.

Cabe señalar que esta es la primera vez en una causa penal relacionada con este caso, que la Fiscalía ofrece como dato de prueba el testimonio que Emilio Zebadúa rindió para acogerse al criterio de oportunidad.

Zebadúa González declaró que, desde 2012 y bajo las órdenes de su jefa inmediata, Rosario Robles, se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por su entonces titular, Luis Videgaray. 

Dicha estrategia, dijo, fue por más de mil 267 millones de pesos asignados a través de la “Cruzada contra el Hambre”. Sin embargo, los recursos se destinarían para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral de Peña Nieto en 2012.

Según la FGR, y de acuerdo a lo declarado por el ex Oficial Mayor, Robles Berlanga tenía conocimiento de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

En el caso de González Tiburcio, éste no hizo declaración sobre los delitos que le imputaron utilizando el testimonio de Emilio Zebadúa, y pidió la duplicidad del término para que se defina su situación jurídica. 

Será el fin de semana cuando el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determine si es vinculado o no a proceso por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, por el cual podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión.