Diputados aprueban la nueva Ley de la FGR; regresa al Senado

Con 334 votos a favor, 109 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República que abroga su ley orgánica y modifica ordenamientos legales.

Luego de doce horas de discusión, el pleno avaló seis de las 193 reservas, entre ellas las propuestas por el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, y de la legisladora de Morena, Aleida Alavez, en la que se establece que la fiscalía tenga la facultad de atracción de investigaciones sobre delitos del fuero común a solicitud de víctimas o por causas de “trascendencia social”.

De la misma forma, se expanden atribuciones a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de Personas, para que se investiguen delitos contra menores de edad cuando sean de competencia federal.

Durante la sesión, el morenista Rubén Cayetano pidió la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien señaló de haber intervenido para remover de la Comisión de Justicia a una diputada que votaría en contra de la reforma.

“Pido desde esta tribuna, la renuncia del fiscal para bien de la sociedad agraviada, víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Luego del vergonzoso procedimiento durante la discusión y votación que aquí quedará al descubierto del presente dictamen en la Comisión de Justicia. Me queda claro que Alejandro Gertz Manero es el mero mero machuchón, y capitán del cese de derechos de la compañera diputada Elizabeth Díaz García como integrante de la Comisión de Justicia. Mi compañera habría votado en contra”.

Lucía Riojas, legisladora independiente, advirtió que el dictamen da facultades de investigación a la Guardia Nacional, y permite al fiscal quitar, a conveniencia, a quienes ocupan fiscalías especializadas.  

“Quita a las víctimas del centro de la procuración de justicia, y con el pretexto de mayor independencia y federalismo, se retira de sus responsabilidades el ser un espacio de exigencia de justicia y de rendición de cuentas hacia las fiscalías estatales por parte de los colectivos de víctimas. Este dictamen permite otorgar facultades de investigación a la Guardia Nacional, continuando el poderío de los militares encargados de la seguridad pública, para que también puedan seguir fabricando pruebas y creando investigaciones a conveniencia. También permite que el fiscal general pueda nombrar y remover, a conveniencia, a quienes ocupan las fiscalías especializadas, quitando a quienes le incomoden o permitiéndole eliminar investigaciones que puedan ir en contra de sus intereses”.

En defensa de la ley, Adela Piña, diputada de Morena, acusó a la oposición de mentirle a los familiares de desaparecidos, haciéndoles creer que quedarán desamparados.

“Les han mentido y les han hecho creer que con esta ley perderán sus derechos y que serán abandonados en la búsqueda de sus desaparecidos. Digan la verdad, sus gobiernos son los verdaderos causantes de estas ausencias. Solo fingen demencia, porque es más fácil pelotear y querer hacer responsable a la Fiscalía de todo ese sufrimiento que le han causado”.