Condena Jufed solicitud de juicio político contra juez de Tamaulipas

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenó la solicitud de juicio político presentada por el Gobierno Federal contra un juez de Tamaulipas. 

Contrario al Gobierno de México, que afirmó que el juzgador favoreció a integrantes de grupos criminales, la organización aseguró que la actuación de Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, se realizó apegada a la ley. 

En un comunicado, sostuvo que "la actuación del Juez (...) fue, en todo momento, apegada a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen las actuaciones de los juzgadores federales". 

La Asociación argumentó que, "si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), como el juzgador lo advirtió de forma precisa y reiterada en la fundamentación de su fallo". 

Ello, al señalar que Contreras Martínez "actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas". 

La Jufed añadió que las y los ciudadanos "deben saber que los juzgadores federales cumplen con lo que la Constitución de la República y las leyes les ordenan, y no con los deseos de las partes", ya que "hacer lo contrario, sería vulnerar los principios fundacionales de nuestra democracia". 

Asimismo, subrayó "que es la Constitución la que otorga al Consejo de la Judicatura Federal la responsabilidad de vigilar y, en su caso, sancionar las actuaciones de las personas juzgadoras federales que no se apeguen al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación". 

Finalmente, la Asociación de juzgadores consideró que la solicitud de juicio político presentada ante la Cámara de Diputados "no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al poder judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras".