CIDH urge a México indagar y sancionar a culpables del incendio en Ciudad Juárez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a actuar con diligencia para investigar y sancionar a los responsables del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 muertos, a un mes de los hechos. 

La Comisión condenó el fallecimiento de los extranjeros, que estaban en custodia de las autoridades; aunque dijo tomar nota de las acciones adoptadas por la nación, como la suspensión definitiva de la estancia provisional y la entrega de tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza atención hospitalaria a los lesionados.

Reconoció también que México inició las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables; el proceso para reparar a las víctimas de las familias; y que el Poder Ejecutivo anunció la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de personas migrantes y la reforma del Instituto Nacional de Migración (INM).

Sin embargo, señaló que algunas organizaciones de sociedad civil han dado a conocer la criminalización de Jaison "N", el migrante acusado como presunto autor material por acción de los delitos de homicidio y lesiones dolosos, es decir, quien presuntamente inició el fuego en la estación migratoria. 

La Comisión argumentó que, en el momento del hecho, el hombre estaría ejerciendo el derecho a la protesta por la carencia de insumos básicos como agua, papel de baño y alimentación.

Señaló, por otro lado, los posibles riesgos en la recolección de evidencias, la entrega de los cuerpos y las limitaciones de las familias y sobrevivientes para participar en la investigación.

La organización recordó que, de acuerdo con los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, se debe asegurar un proceso respetuoso de identificación, investigación y traslado de los restos mortales de personas migrantes, permitiendo a sus familiares realizar sus ritos fúnebres adecuadamente. 

Al tratarse de un suceso en el que murieron 40 migrantes, la CIDH urgió al Estado mexicano a aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de los fallecidos y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos.

Adicionalmente, destacó que los migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que provocaron violaciones a derechos humanos y la identidad de los perpetradores. 

Ello implica la obligación de esclarecer, investigar, procesar y sancionar a responsables y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado. 

Finalmente, la Comisión advirtió que, más allá de la forma en que se denomine a la detención de migrantes en México, toda medida que impida a una persona disponer libremente de su libertad ambulatoria, constituye una detención. En ese sentido, instó a adecuar leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de migrantes en situación irregular.