CIDH urge a México avanzar investigación y sancionar espionaje

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), urgieron al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos en las investigaciones a periodistas y personas defensoras por el uso del software de espionaje Pegasus.

En un comunicado, mencionaron que, en los últimos años, han conocido múltiples casos de espionaje a través de Pegasus en México, incluso contra el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y contra un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque la CIDH y la RELE reconocieron que en 2021 hubo "actuaciones en la búsqueda de justicia por hechos vinculados con el uso de Pegasus en México", sentenció que, en términos generales, no se registran avances sustanciales.

"Lo observado da cuenta de que las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes ante la dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente en los últimos años", aseveraron.

Las instituciones alertaron que el espionaje "no solo vulnera el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana, sino también tiene el potencial de poner en riesgo la integridad de personas periodistas y defensoras, a la vez que incrementa la autocensura en la prensa y desincentiva las labores de defensa de derechos humanos".

En ese sentido, sostuvieron que el Gobierno de México tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas dirigidas a asegurar la protección de dicho derecho de las interferencias de autoridades públicas y de personas o instituciones privadas.

Llamaron, además, "a investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables", así como a velar por el adecuado cumplimiento de las garantías de debido proceso.

La CIDH y la RELE instaron a garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública.

Finalmente, exigieron al Estado mexicano a cesar inmediatamente cualquier acción destinada a la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia hasta tanto se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos, y a instruir a todos sus agentes a que se abstengan de utilizar el software Pegasus de manera ilegal.