CIDH alerta sobre posibles afectaciones al Estado de derecho por reforma judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho.

En un comunicado de prensa, instó al Gobierno de México a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación. 

"Asimismo, frente a la conflictividad y las protestas públicas, exhorta a garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados", se lee en el desplegado.

La Comisión reconoció la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México, pero señaló que ha recibido "cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho".

Indicó que "se llamó la atención de la CIDH respecto a lo precipitado de las profundas modificaciones que podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial".

Añadió que las críticas también señalan que la reforma judicial no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia, "ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país".

Respecto a las protestas contra la reforma a judicial, la CIDH dijo observar que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía; además, manifestó preocupación por las "descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma".