Acusa SSP de Guerrero a Fiscalía de "dilaciones" en detención de policías que dispararon a normalista

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero acusó a la Fiscalía estatal de "dilaciones" en la detención de los policías que presuntamente dispararon al normalista Yanqui Rothán Gómez.

En un comunicado, la dependencia informó que "desde el primer momento de los hechos", el pasado 8 de marzo, "los elementos estatales involucrados rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la agencia especializada de delitos graves" de la Fiscalía.  Ello, con el "deseo de declarar y colaborar en el esclarecimiento" de lo ocurrido. 

Sin embargo, la SSP refirió que "hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la Fiscalía en recepcionar la puesta a disposición". De hecho, señaló que "la enlace Jurídico Región Centro, intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente sin obtener resultados". 

Recordó que era competencia de la Fiscalía "la retención de los elementos por al menos 48 horas" y, en su caso, la solicitud de ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión.  

TIENEN DETENIDOS A DOS POLICÍAS

Pese a ello, la SSP dio a conocer que tiene a dos de los elementos presuntamente involucrados "resguardados de manera voluntaria administrativa para aclarar los hechos", mientras que tratan de localizar al tercero, quien, aclaró, no tiene "una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente".

En ese sentido, afirmó que está a la espera de la liberación de las órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de sus elementos. 

La Secretaría de Seguridad de Guerrero sostuvo que actuó sin ninguna omisión, que los "procedimientos se han atendido de manera transparente y conforme a derecho de los propios elementos involucrados en los hechos, cuidando los protocolos de actuación". 

Finalmente, aseguró que "cualquier miembro o elemento que transgreda" los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos "debe ser sancionado conforme a la Ley", por lo que "seguirá brindando las facilidades a los requerimientos que solicite" la Fiscalía federal, en el ánimo de que lo ocurrido no quede impune.