Proceso de extradición de Zerón a México ha sido “largo e infructuoso” lamenta SRE

Desde agosto de 2020 la FGR inició gestiones ante el Estado de Israel para localizar al mexicano sin resultados

Proceso de extradición de Zerón a México ha sido “largo e infructuoso” lamenta SRE

El Gobierno de México consideró que el proceso de extradición a México de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ha sido “largo e infructuoso”.

Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que, desde agosto de 2020, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició gestiones ante el Estado de Israel para localizar al mexicano, “han insistido reiteradamente en la pronta resolución de este caso de interés nacional”, sin resultados. 

Precisó que ha sostenido con sus contrapartes de Israel 22 videoconferencias, al menos 70 comunicaciones electrónicas y una visita a Jerusalén de una delegación mexicana encabezada por el titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR.

Incluso mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió misivas al entonces primer ministro Naftalí Bennett, y a su sucesor, Benjamín Netanyahu, solicitando y reiterando la extradición.

FACTOR DISRUPTIVO ENTRE MÉXICO E ISRAEL

Al referir que se ha insistido “al más alto nivel político y diplomático, la importancia que otorga al caso y la grave preocupación por la falta de progreso”, el gobierno mexicano dijo que “se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Zerón de Lucio y amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado de Israel”.

Si bien reconoció que el pasado 1° de febrero el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí comunicó que la petición de extradición se encuentra en su etapa final de análisis, adelantó que continuará dando seguimiento y cumplimiento puntual al caso.

TOMÁS ZERÓN, ACUSADO DE ACTOS DE VIOLENCIA

El Gobierno de México no omitió comentar que busca la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por los delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, así como por el uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.

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