Japón deberá indemnizar a personas con discapacidad que fueron esterilizadas a la fuerza

Entre 1950 y 1970, cerca de 25 mil personas con discapacidad en Japón fueron sometidas a procedimientos de esterilización forzada por la entonces vigente Ley de Protección de la Eugenesia. Ahora, cerca de una docena de víctimas de ese hecho serán compensadas.

La Corte Suprema de Japón ordenó este miércoles pagar una indemnización adecuada a las personas que hubieran sido afectadas por esa ley, hoy en desuso, impuesta para "evitar el nacimiento de descendientes de mala calidad", como versaba su Constitución, reportó la agencia de noticias AP. Los abogados de las personas demandantes ahora se refieren a este hecho como "la mayor violación de los derechos humanos de la posguerra" en la historia del país.

El máximo tribunal japonés determinó que la Ley de Eugenesia, establecida en 1948, era inconstitucional, y rechazó la defensa del gobierno que se escudaba en un estatuto de limitación de 20 años para protegerse contra el pago de indemnizaciones.

Este fallo beneficiará a 11 de los 39 demandantes que llevaron su lucha a cinco tribunales menores de Japón para lograr que su caso fuera atraído por la Suprema Corte, mientras los otros 18 casos siguen pendientes.

"No podría estar más feliz ni podría haber hecho esto solo", dijo uno de los demandantes, quien usa el seudónimo de Saburo Kita, con 81 años de edad. Junto a él, varias personas, algunas en silla de ruedas, sostenían letreros que decían "gracias" y "victoria" afuera del tribunal.

Kita contó que fue esterilizado en 1957 cuando sólo tenía 14 años y vivía en un orfanato. Se casó, pero guardó el secreto toda su vida y se lo reveló a su esposa poco antes de que ella muriera, hace algunos años. Se dijo triste de no haber podido tener hijos nunca.

Saburo Tokura, juez del tribunal mayor, calificó de irracionales las cirugías de esterilización y señaló que se trataba de una clara muestra de discriminación contra las personas con discapacidad. Subrayó que el procedimiento violaba gravemente la dignidad de las víctimas e hizo énfasis en que los 40 años de violación a los derechos humanos a manos del gobierno eran un tema muy serio.

Ya en 2019, ante los fallos de varios tribunales menores que señalaban al gobierno como responsable, las autoridades japonesas ofrecieron un pago único en reparación por 3.2 millones de yenes, una cantidad cercana a los 360 mil pesos mexicanos. Sin embargo, la suprema corte japonesa determinó que esta cantidad es insuficiente.

Esta información fue publicada originalmente en http://yotambien.mx/un portal sobre discapacidad inclusiva