Emite Gobierno de EEUU veto contra siete Magistrados y Funcionarios de El Salvador y Guatemala, por obstruir investigaciones

La Secretaría de Estado de Estados Unidos, informó que queda prohibido el ingreso al territorio estadounidense, para cinco magistrados y dos funcionarios públicos de El Salvador y Guatemala, por “socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”.

En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, destacó que se agregaron a siete perpetradores a la lista de actores corruptos y no democráticos de los Estados Unidos, para que “los perpetradores no sean elegibles para visas y admisión al país”.

Detalló que la lista que fue entregada al Congreso, incluyen por parte de El Salvador, a Elsy Dueñas de Aviles, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por aceptar nombramientos directos a la Cámara por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que contravino la constitución salvadoreña.

Además que aprobaron la controvertida interpretación de la Constitución para permitir la reelección del Presidente, a pesar de ser una prohibición expresa en la Constitución en el caso de mandatos consecutivos a la presidencia.

Por parte de Guatemala, se incluyó a María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual Fiscal General de Guatemala, quien ordenó a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos de corrupción abiertos, basados en consideraciones políticas, además de despedir al Fiscal Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, y de otros fiscales por investigar sobornos.

En tanto que, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del Ministerio Público, es acusado de interferir en una investigación anticorrupción, al alertar a los “presuntos”, sobre los casos que se estaban construyendo en su contra. 

Es de mencionar que estas sanciones se suman a las impuestas a inicios de julio contra 55 funcionarios y ex funcionarios centroamericanos, por hechos de corrupción.