Denuncia fiscal de Bolivia despido tras emitir orden de aprehensión contra Evo
Pidió la detención del exmandatario al ser presunto responsable de los delitos de trata y tráfico de personas
La fiscal departamental de Tarija, Bolivia, Sandra Gutiérrez, denunció su despido, supuestamente tras emitir una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales.
La funcionaria relató que pidió la detención del exmandatario al ser presunto responsable de los delitos de trata y tráfico de personas, con al menos una menor de edad entre sus supuestas víctimas.
Narró que el miércoles fue destituida por emitir la orden de arresto, con lo que su mandamiento judicial quedó sin efecto.
Cuando se enteraron de que existía esto, me llamó el director de Recursos Humanos de la Fiscalía General para pedirme mi renuncia. Yo le dije que no iba a renunciar, si quieren ellos que me envíen mi memorándum de agradecimiento. El día de hoy (miércoles) lo concretiza (...) y tengo pruebas, pero no me dejaron ya ingresar a ustedes y esto por orden también de la señora Alejandra Rocha, directora de género, y no puedo creer que una persona de género, donde la principal función es defender a las mujeres, defender a las personas más vulnerables, venga a trabar esto", refirió.
Gutiérrez sostuvo que su equipo tenía todas las pruebas en contra el expresidente e indicó que, incluso, no lo notificaron antes porque desconocen su domicilio y había riesgo de fuga.
Acusó que cuando el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, se enteró de la investigación, le reclamó y le aseguró que otra área especializada se encargaría del asunto.
Ante los dichos de la fiscal de Tarija, la Fiscalía General de Bolivia señaló que fue destituida por deficiencias en su "idoneidad profesional".
Enfatizó que la orden de aprehensión contra Evo se derivó de un informe de inteligencia policial y dio a conocer la creación de una comisión de fiscales especializados. Asimismo, negó haber frenado acciones del Ministerio Público, al indicar que la orden de arresto quedó sin efecto por decisión de una jueza de garantías constitucionales.
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